Un divorcio por 100.000 millones

La ruptura en la mesa de concertación se ha producido por una diferencia final de 104.000 millones de pesetas entre la oferta del Gobierno y las demandas de UGT y CC OO. La extensión de la cobertura del desempleo ha sido el punto más difícil, aunque tampoco ha habido acuerdo en los otras tres cuestiones.

En la equiparación de las pensiones al salario base, la discrepancia fundamental ha radicado en que el Gobierno proponía igualarlas al salario mínimo interprofesional neto. Ello supone restar a las 46.680 pesetas mes del SMI en vigor, el 6% que se detrae a los trabajadores en activo por el impuesto sobre la renta le las personas físicas.

Las diferencias también han sido grandes en la recuperación del poder adquisitivo perdido por pensionistas y empleados públicos en 1988. Mientras que el Gobierno sólo accedía a incrementar dos puntos las tablas salariales de 1989, los sindicatos pedían que se pagase a estos colectivos dos puntos de atrasos correspondientes a 1988 más la consolidación de esa cantidad en los salarios de 1989, lo que duplica la oferta del Ejecutivo.

En cuanto al reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de los funcionarios, que ejercen desde hace años los trabajadores de las empresas públicas y privadas, y pese a que no cuesta dinero, tampoco ha sido posible alcanzar un mínimo pacto. El Gobierno exigía un compromiso de paz social y la renuncia al derecho constitucional de huelga en el caso de que se alcanzase un acuerdo sobre salarios.

UGT y CC OO también reclamaban el derecho a negociar, además de las cuestiones retributivas, otras condiciones laborales de los funcionarios y que.se hiciese compatible el reconocimiento de la soberanía del Parlamento con el ejercicio de la negociación colectiva. El Gobierno accedía a algunas de esas peticiones si se hubiera logrado un acuerdo parcial que rechazaron en todo momento las centrales sindicales.