Jueces progresistas denuncian la falta de un diseño global de reforma de la justicia

El secretariado de Jueces para la Democracia hizo ayer una declaración crítica sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con los juzgados y tribunales, que coincide con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto para la efectividad de la nueva planta judicial. La asociación judicial progresista llega a la conclusión de que el Ejecutivo carece "de un verdadero diseño integral de reforma de la Administración de Justicia", por lo que continúa "pesando", señala, "sobre la democracia española como una importante tarea pendiente".

Entre las denuncias a la voluntad política del Gobierno, Jueces para la Democracia se refiere al aplazamiento sin fecha de disposiciones legales sobre la justicia de menores, la vigilancia penitenciaria, el establecimiento de la institución del Jurado, los procesos civil y contencioso-administrativo e incluso el proceso penal, respecto al cual sólo se ha puesto a punto "de manera precipitada", dice, "un nuevo procedimiento de urgencia".

Alejamiento judicial

En cuanto al decreto publicado ayer, la dirección de Jueces para la Democracia denuncia "la extraordinaria limitación en el número de juzgados de lo penal, no obstante estar destinados, tras la reforma, a hacer frente al mayor porcentaje de asuntos de ese carácter". Agregan que, con ello, además de condenar a la ineficacia por sobrecarga de trabajo a los que se constituyan como tales, al quedar concentrados en las capitales de provincias y en un reducido número de otras ciudades, produce un condenable efecto de alejamiento de la justicia del justiciable".Preguntado sobre la entrevista del ministro de Justicia, Enrique Múgica, con los jueces de Madrid (veáse EL PAÍS de ayer), un portavoz de la asociación judicial progresista señaló que "la solución prometida es solo para Madrid y, además, el procedimiento de arreglar los problemas no es el encuentro de los jueces con el ministro".

Jueces para la Democracia critica la configuración de las salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de Justicia como "organismos prácticamente vacíos de contenido" y denuncia que se pospongan los juzgados de lo contencioso-administrativo. Sobre el tratamiento de los juzgados de paz, afirma que "la limitación de los mismos al medio rural producirá, potenciándolo ahora, el recusable efecto discriminatorio ( ... ) de que, según el lugar de los hechos, unas faltas serán juzgadas por jueces técnicos, magistrados en algunos casos, y otras por jueces legos". Estima que la vinculación instrumental de los ayuntamientos puede condicionar la independencia de sus titulares.