El Gobierno crea 46 juzgados de lo penal menos de los estimados mínimos por el Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) constató ayer que el Gobierno ha creado 46 juzgados de lo penal menos de los considerados mínimos por el consejo para poner inicialmente en práctica la nueva legislación que distribuye en jueces diferentes la instrucción y el enjuiciamiento de las causas penales. El mínimo estimado por el CGPJ es de 173, mientras que el Consejo de Ministros creó ayer por decreto 127, si bien el ministro de Justicia, Enrique Múgica, comunicó al consejo la "voluntad política" para solucionar el problema.

Al término del pleno del Consejo General del Poder Judicial celebrado ayer, su portavoz, José Luis Calvo, informó que la cantidad de juzgados de lo penal estimada óptima por el Consejo General del Poder Judicial para asegurar las necesarias garantías procesales es de 210, lo que permitiría unas 500 causas anuales por juez.Hasta la plena puesta en práctica de la nueva legislación, el CGPJ admite que sean sólo 173 los juzgados de lo penal que inicialmente entren en funcionamiento, lo que aumentaría el número de causas para cada uno hasta 650 al año. Sin embargo, el decreto aprobado ayer por el Gobierno crea inicialmente 127 juzgados de lo penal (el total previsto es de 143), que entrarán en funcionamiento el 15 de septiembre próximo.

Calvo manifestó, que "al consejo le consta la voluntad política del ministro de Justicia de adoptar todas las medidas necesarias para que los jueces cuenten con posibilidad de enjuiciar con todas las garantías".

Preguntado sobre si el consejo se encuentra satisfecho con esa declaración gubernamental, Calvo contestó afirmativamente, "uniendo la voluntad política", dijo, "con la disposición de sumar los medios necesarios, bien mediante la creación de más juzgados de lo penal de los previstos o con la conversión en estos órganos judiciales de algunos de los juzgados de distrito que se suprimen".

Confianza del consejo

Según José Luis Calvo, "lo más efectivo es la creación de nuevos juzgados y la dotación de locales y funcionarios". En cuanto a las dificultades gubernamentales para cumplir las previsiones del CGPJ, Calvo insistió en que, al margen de los problemas de edificios para albergar los nuevos juzgados, "el CGPJ ha calculado que con una adecuada distribución de los magistrados disponibles es posible cubrir la planta inicial de juzgados de lo penal diseñada".

Calvo expresó la confianza del consejo en que el Gobierno materializará la voluntad política anunciada por Múgica, en evitación de que los titulares de los nuevos juzgados de lo penal tengan que enfrentarse, al menos en las grandes ciudades, a una media de 1.500 a 2.000 causas penales y sentencias por año, lo que redundaría en perjuicio de la justicia penal exigida por la Constitución.

A la vista de las dificultades de esta etapa de implantación de las nuevas normas, el pleno del consejo aprobó ayer unos criterios orientativos para los órganos judiciales a fin de "afrontar la situación planteada de la manera menos perjudicial posible para el normal funcionamiento de los juzgados y tribunales penales, que eviten retrasos en la tramitación y resolución de las causas y garanticen el derecho a la tutela judicial efectiva".

Reunión con Moscoso

Por su parte, sobre los problemas planteados por la nueva justicia penal discutieron ayer los fiscales jefes de toda España, que se reunieron con el fiscal general del Estado, Javier Moscoso.

Las nuevas atribuciones en la investigación penal dadas a los fiscales fueron analizadas por los aproximadamente 60 fiscales asistentes a la reunión, que coincidieron en la escasez de plantillas existentes para acometer los nuevos cometidos.

Fuentes judiciales afirmaron que, en todo caso, la intervención de los fiscales es de carácter preprocesal, si bien existe preocupación por la atribución a los fiscales de archivar las denuncias sin comunicarlo al juez, aunque sí al ciudadano, que puede reiterar la denuncia ante el juez.