El Ayuntamiento impone a la Comunidad que renuncie a expropiar suelo para 6.000 viviendas sociales

El Ayuntamiento de Madrid impuso ayer al Gobierno regional del socialista Joaquín Leguina, con el respaldo de los concejales del PSOE, la renuncia a expropiar los solares del polígono de Valdebernardo si quiere llevar adelante su programa de construir allí 6.000 viviendas sociales. El pleno municipal aprobó una moción del CDS en este sentido. Los centristas, contrarios a la expropiación forzosa y a quienes se había acusado de boicotear el programa regional de viviendas sociales, lograron imponer que la obtención de suelo se haga por "expropiación convenida" lo que supone cambiar terreno por viviendas de precio libre.

El debate del pleno municipal volvió ayer a centrarse en el urbanismo madrileño y en concreto en la petición de la Comunidad de Madrid para hacerse cargo (le la gestión del polígono de Valdebernardo, situado entre Vallecas, Moratalaz y Santa Eugenia. El planteamiento de la Consejería Teeritorial de Ordenanción del Territorio dirigida por Eduardo Mangada era claro: expropiar el polígono a sus propietarios y poner suelo en el mercado suficiente para construir 6.000 viviendas de protección oficial. Para ello, en los presupuestos de la Comunidad para este año se incluyó una partida de 3.700 millones para expropiar el polígono.Este proyecto, sin embargo, tendrá que ser variado, al menos en lo referido al sistema de obtención del suelo. El PP y el CDS en el Ayuntamiento ya votaron en contra de este punto en la comisión de Urbanismo. No estaban de acuerdo con que la Comunidad utilizara la expropiación por considerar que este sistema debe emplearse cuando no quede otro remedio.

La prueba de que es posible llegar a un acuerdo con los propietarios del terreno la ha conseguido precisamente la Gerencia Municipal de Urbanismo en siete convenios con distintos promotores privados. En estos acuerdos, ratificados ayer, los propietarios de varios terrenos de la capital han cedido al Ayuntamiento suficiente suelo gratuito y urbanizado para que distintas cooperativas sociales construyan 7.319 viviendas de protección oficial. Asimismo, los promotores privados se han comprometido a construir 1.003 viviendas de protección oficial para los realojos que sean precisos y a cambio han sido autorizados a construir 4.700 pisos de precio libre y no de protección oficial como estaba previsto en el planeamiento

Este sistema denominado por los socialistas como "expropiación convenida" fue el utilizado ayer para aprobar la gestión del polígono de Valdebernado con los votos del Grupo Mixto, IU, CDS y PSOE.

Reparto de suelo

El CDS presentó la moción que finalmente se aprobó. Según ella, el pleno insta a la Consejería de Política Territorial de la Comunidad y a la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento a llegar a un acuerdo con los propietarios del polígono de Valdebernardo. En este acuerdo habrá de determinarse qué parte de suelo ceden los propietarios para viviendas sociales y cúal quedará en manos de la iniciativa pública. Asimismo, en la propuesta del CDS se incluyó la disposición de modificar el Plan General si el convenio alcanzado obligara a ello.La moción contó con el apoyo del PSOE siempre que incluyera que el cauce a seguir para la cesión de suelo debía ser la "expropiación convenida". Ramón Tamames, del Grupo Mixto, afirmó que si la negociación es posible es preferible a la expropiación. Francisco Herrera, de Izquierda Unida, defendió la expropiación como vía para obtener suelo pero, a la vista de los buenos resultados obtenidos por el Ayuntamiento con la negociación, decidió apoyar la moción centrista. También el PSOE, por mediación de Jesús Espelosín, concejal de Urbanismo, apoyó la moción.

El único grupo que mostró fuertes reticencias fue el Partido Popular. Su representante, Enrique Villoria, se mostró partidario de los convenios con los propietarios privados "por razón de eeficacia, economía y rapidez" y criticó duramente el sistema expropiatorio pretendido por Mangada por considerar que abre un proceso de reclamaciones ante los tribunales que puede durar 10 años y supone unos fuertes gastos. "Los 3.700 millones presupuestados se elevarían a más de 5.000 millones en un jurado de expropiaciones", dijo.

Sin embargo, Villoria puso dos condiciones para aprobar la moción centrista: que no se incluyera el término "expropiación convenida", por considerar que ello supone realizar una expropiación y no un convenio con los particulares; y que la actuación en el polígono fuera realizada por el Ayuntamiento y no por la Comunidad.

Villoria se apoyó para defender esta última petición en el informe del jefe del departamento de Ejecución de Planes de Gerencia de Urbanismo, en el que se dice que no es procedente encomendar la ejecución del plan a la Comunidad y que de hacerlo debería realizarse mediante un consorcio con el Ayuntamiento.

Ante esta petición, Espelosín respondió que el Ayuntamiento ya tiene bastante trabajo con gestionar suelo para 18.000 viviendas sociales como para ocuparse de 6.000 más, por lo que el pleno tenía autonomía para ceder esta competencia a la Comunidad.

El pleno aprobó también la oferta pública de empleo para este año con 3.578 puestos de trabajo a cubrir. Alejandro Mufloz Revenga, del Partido Popular, se mostró contrario a la propuesta que calificó de "precipitada y poco rigurosa". El concejal del PP indicó que de las 2.500 plazas convocadas el año pasado aún se están realizando oposiciones para cubrir 1.187 plazas.