El Supremo admite a trámite los recursos de la central ugetista contra los pactos del Gobierno con CSIF y UDP

CARMEN PARRA El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos de UGT contra los pactos firmados en septiembre por el Gobierno, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), en los que se rijan las rentas de jubilados y funcionarios para 1989. La UGT, por otra parte, se opone a que el Consejo Económico y Social sea el foro para una concertación tripartita como propone el Ejecutivo.

La central ugetista argumenta en el recurso contra el acuerdo del Gobierno con la UDP, admitido a trámite por el Supremo, que si se le concede la categoría de pacto válido al suscrito con una asociación no sindical se vulnera la ley orgánica de Libertad Sindical, que establece los requisitos y condiciones para tener el carácter de organización más representativa. Considera que se violan también los principios constitucionales que fijan los derechos de los sindicatos y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según los cuales los Gobiernos tienen que garantizar el libre ejercicio de la libertad sindical y no obstaculizar los derechos inherentes tales como el de negociación colectiva.El recurso de UGT contra el pacto del Ejecutivo con la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios se basa en que la confederación sindical firmante no reúne la representatividad que determina la ley orgánica de Libertad Sindical porque, si bien cuenta con delegados suficientes entre el personal funcionario, en el laboral tiene en torno al 3% de los representantes, cifra inferior al 10% necesario.

Otro argumento utilizado es que se han pactado puntos dentro del acuerdo citado que se han de desarrollar y que se pretende negociar sólo con CSIF. En opinión de los servicios jurídicos de UGT, esa exclusión ha sido declarada anticonstitucional en una sentencia del 16 de octubre de 1986 del Tribunal Constitucional relativa a un caso similar.

La UGT, por otra parte, ha presentado al Gobierno sus alegaciones al proyecto de decreto para constituir el Consejo Económico y Social (CES) que piensa aprobar el Consejo de Ministros en las próximas semanas. La central ugetista se opone a que el CES se convierta en "el estado mayor de la concertación social". José María Zufiaur cree que "la presencia del Gobierno a través de lo que denomina expertos es una trampa para llevarnos a negociar acuerdos tripartitos".

Dos contra uno

Los dirigentes de UGT temen que el Ejecutivo pretenda constituir un organismo donde las cosas se decidan dos a uno, aunque no van a estar ausentes en el caso de que se constituya. Las discrepancias se refieren a la naturaleza del órgano, a sus funciones y a las organizaciones representadas.

El nuevo texto del Gobierno, similar al elaborado en la primavera pasada, configura el CES como un organismo colegiado de participación institucional y de debate, formado por sindicatos, empresarios y expertos de reconocido prestigio, que según la Unión General de Trabajadores se parece a otros consejos que no funcionan, como los del Instituto Nacional de Empleo y el Inserso.

La central ugetista entiende que se quiere forzar un consejo que sirva como foro para la concertación social del más puro estilo tripartito y según un modelo que rechazan los sindicatos.

Emilio Castro, responsable ugetista de acción institucional, afirma que el modelo y las prisas para aprobarlo por decreto demuestran que el Gobierno considera que el CES va a resolver todos los problemas. "Podrán obligar al caballo a ir al río, pero no a beber agua", afirma. Zuflaur asegura que el Gobierno practica un "oportunismo político, mediante el siguiente método: ustedes, aunque no quieran, van a tener que hacer una concertación tripartita".

Para UGT, el CES debe ser un órgano consultivo, que goce de independencia y autonomía en su estructura y funcionamiento; en el que no sólo se traten cuestiones laborales, sino que también sea consultado sobre economía, industria, educación, salud pública, consumo, agricultura y consumo; y donde participen también los agricultores, los representantes de los consumidores y las cooperativas. UGT reclama el modelo del Comité Económico y Social de la CE, que es el que considera más eficaz.

Comisiones Obreras tampoco está de acuerdo con que el Consejo Económico y Social sea un mero foro de debate y sigue reivindicando un órgano de planificación tal como se establece en el artículo 131 de la Constitución. El modelo de CC OO no coincide con el de UGT y, los dos sindicatos están haciendo un esfuerzo para sincronizar sus posiciones.