La inflación centra los ataques al Gobierno portugués

El rebrote de la inflación hasta niveles idénticos a los de 1987 (alrededor del 10%), cuando las previsiones oficiales apuntaban hacia una nueva desaceleración (un 6,5% o 7%), ha sido el telón die fondo del debate de los presupuestos del Estado portugués para 1989, que el Parlamento de Lisboa aprobó definitivamente el viernes, tras una reunión que se prolongó hasta la madrugada, con el voto favorable de la mayoría socialdemócrata.

Por su parte todos los partidos de la oposición (PS, PCP y CDS) que atacaron fuertemente al titular de Economía rechazaron la Ley. El ministro de Finanzas anuncié aumentos medios del 4% sobre los precios de los bienes y servicios fijados por la Administración central (transportes públicos, gas, correos y teléfonos, radio y televisión, productos alimentarios con precios subvencionados) con la promesa de seguir respetando la disciplina impuesta desde la llegada al poder de Cavaco Silva: un solo aumento por año, en diciembre, coincidiendo con la revisión anual del salario mínimo y de las jubilaciones.El ministro Miguel Cadilhe considera que el deslizamiento inflacionario fue un "accidente" debido a factores externos e imponderables (año agrícola catastrófico, rebrote inflacionario en los países de la CEE) mientras que la oposición exige su dimisión por haber errado sus previsiones en un 50%.

A pesar de todo, la discusión en torno de los presupuestos se centró menos sobre la política económica que sobre sus consecuencias sociales y políticas. O sea, los partidos de la oposición pretenden demostrar que la política seguida no obedece a criterios estrictamente objetivos y científicos, que sirve determinados intereses y grupos, y sacrifica otros (los trabajadores, según la terminología del PCP, las clases medias y los grupos que efectivamente contribuyen para la creación de riqueza, según el PS y el CDS).

Sobrepasada la antigua dicotomía entre interés público e iniciativa privada, Cavaco Silva es acusado, desde la izquierda y desde la derecha, por sindicatos y patronal, de "servirse a sí mismo", su Gobierno, su partido, y el Estado naranja que trata de perpetuarse en el poder mediante la concentración, en sus manos, de enormes recursos, financieros para poderlo distribuir entre los grupos de presión que lo sustentan (opinión de los comunistas) o a través de medidas populistas (versión de los conservadores y de la patronal).

Las más duras críticas a la ley de presupuesto incidieron sobre el aumento de los ingresos del Estado (por vía de la reforma fiscal, que introduce a partir de enero el famoso IRS, el mal llamado Impuesto Único sobre Ingresos) y la no incorporación a los presupuestos del producto de la venta de las empresas estatales (que el Gobierno promete destinar a la amortización de la deuda pública, a la reducción del déficit de la Seguridad Social y a nuevas inversiones en el sector productivo que quede en manos del Estado después de las privatizaciones).

Globalmente, el Gobierno es acusado de ir al bolsillo del contribuyente, cuando tiene todavía por delante tres años de gobierno de mayoría absoluta, buscar un dinero que podrá distribuir de forma electoralista en vísperas de los próximos comicios.

Para todos los observadores, la victoria parlamentaria del Gobierno, sin pena ni gloría, en el debate presupuestario es apenas el prólogo de un año que se anuncia "socialmente difícil", con una serie de huelgas que afectaron la semana pasada 150.000 empleados públicos.