El Gobierno prepara un plan para favorecer a los presos 'etarras' más alejados de la organización

El Gobierno va a concentrar sus esfuerzos durante los próximos meses en las cárceles donde hay presos de ETA para intentar conseguir un resquebrajamiento de la unidad en este colectivo, según han informado fuentes oficiales. Este plan incluye el desarrollo a medio plazo de un tratamiento diferenciado y más beneficioso para los presos con mejor disposición, que podría desembocar en un cambio de grado penitenciario. En la base del planteamiento se encuentra la idea de que las cárceles, hasta ahora, piden a ETA "más guerra", y es necesario que se conviertan en un factor de presión a favor de la paz.

Los traslados de reclusos iniciados en octubre forman parte de esa nueva estrategia y se han realizado con la intención de aproximar al País Vasco a los presos considerados más cansados o más tibios frente a las consignas de la organización terrorista. De esta forma se encuentran más próximos a sus domicilios, lo que facilita las visitas familiares. Por el contrario, otros presos con condenas más prolongadas o más relacionados con el que se considera . núcleo duro" de resistencia en las prisiones, han sido trasladados a los establecimientos más alejados del sur, Galicia y la costa mediterránea.En la actualidad se encuentran en prisión 456 reclusos relacionados con ETA Militar, 19 de la disuelta rama político militar y 16 de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, organización también extinguida. Todos ellos están repartidos entre 20 centros, que incluyen el hospital penitenciario y el centro de jóvenes de Carabanchel.

Estos 491 son considerados de primer grado. Por lo tanto, les están vetados los permisos, la libertad condicional una vez cumplidos dos tercios de la pena y la redención de condena por el trabajo.

La clasificación oficiosa para iniciar el acercamiento o alejamiento al País Vasco se ha 5alizado después de reunir información "durante bastante tiempo" acerca del nivel de integración de los reclusos en las " comunas" carcelarias, su actitud hacia las decisiones de las asambleas y su participación en los plantes y acciones de protesta.

También se ha contado con la disposición hacia las Gestoras Proamnistía de los familiares más próximos al recluso, cuando se conocía esa información.

Estas medidas iniciales, ya ensayadas en ocasiones anteriores, dificultan el control de ETA sobre los presos y sus familiares, según fuentes penitenciarias. El plan incluye como principal novedad la posibilidad de cambio de grado penitenciario de una parte de los presos "a medida que se vaya comprobando su reacción".

Ley penitenciaria

Los presos que muestren mayor proclividad o un grado de respuesta considerado suficiente a las medidas favorables recibirán un trato más beneficioso también en su clasificación penitenciaria, aunque no de inmediato. La ley General Penitenciaria de 26 de septiembre de 1979 y el reglamento de 8 de mayo de 1981 dejan en esta materia un amplio campo de decisión e interpretación a los responsables del sistema carcelario.

El artículo 10 de la ley, aplicado automáticamente a los presos de bandas armadas, re gula la existencia, junto a los centros de cumplimiento ordinarios y los de régimen abierto, de "establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado o departamentos especiales para los penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto".

Uno de los abogados de presos de ETA, Kepa Landa, declaró ayer que el cambio de grado de una parte de los reclusos "debía haberse hecho hace tiempo, como hemos reclamado los abogados, y no sería más que una aplicación de la ley, que exige un tratamiento individualizado a cada individuo privado de libertad".

Según Landa, los presos cuentan con la posibilidad de que se aplique esta medida "y se pretendan manipular sus resultados para sembrar confusión, presentándolos como una voluntad de reinserción".

El abogado añadió: "Hemos analizado los últimos traslados y no hemos encontrado lógica alguna, hasta el punto de que todos los conducidos a Nanclares (Álava) hace tres años como candidatos a la reinserción ahora han sido nuevamente alejados. Todo esto revela un criterio político en el trato a los presos, completamente a espaldas de la ley".