El fiscal pide la absolución de los promotores de una urbanización donde murieron 21 personas en un incendio

Nueve años después del incendio forestal que causó la muerte de 21 personas en la urbanización Los Pinares de Lloret de Mar (Gerona), y después de cinco sobreseimientos del expediente, ayer se celebró, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa Coloma de Farners, el juicio contra Jaume Rabassa Rosé y Miquel Rabassa Camacho, representante legal y apoderado, respectivamente, de la empresa Fincas Ibéricas, SA, promotora de la urbanización. La acusación particular pidió penas de seis meses de prisión menor para los inculpados, como autores de un delito de imprudencia simple o negligencia con infracción de reglamento, y una indemnización de 315 millones de pesetas, como responsables civiles subsidiarios, a la empresa promotora y al Ayuntamiento de Lloret. El fiscal y la defensa solicitaron la absolución.

El 7 de agosto de 1979, 21 personas fallecieron en Lloret. de Mar cuando intentaban escapar del incendio que asoló la urbanización Los Pinares. El expediente incoado entonces fue sobreseído cinco veces por el juzgado de Santa Coloma de Farners hasta que la Audiencia de Gerona decidió celebrar un juicio oral para el esclarecimiento definitivo de los hechos. La inspección ocular se efectuó el 30 de enero de 1984, cuatro años después del suceso.En el juicio, que duró siete horas, declararon 25 testigos. La acusación particular, representada por los letrados José María Loperena y Mateu Seguí , intentó demostrar que las 21 personas fallecieron al no poder escapar de Los Pinares por las irregularidades en su infraestructura vial. Entre estas irregularidades fueron citadas la inexistencia de plazoletas de giro para vehículos en las calles sin salida, que, según la acusación, estaban previstas en, los planos de la urbanización, y el hecho de que la mayoría de los viales estuviera sin asfaltar, lo que impidió su utilización como cortafuegos.

Tiempo para evacuar la zona

Loperena aseguró que Los Pinares incumplía flagrantemente la normativa urbanística vigente por lo que consideró al Ayuntamiento de Lloret responsable subsidario de los hechos.

La defensa, representada por Caries Alsius y Pere Ribas negó que hubiera relación de causa-efecto entre las muertes y el estado de la urbanización, y argumentó que el incendio se había iniciado cuatro horas antes de que llegara a Los Pinares y había quemado ya 490 hectáreas. Según la defensa, los habitantes de la urbanización tuvieron tiempo suficiente para abandonar la zona antes de que les afectase el incendio.

El ministerio fiscal alegó que el mal, estado de la urbanización no fue la causa del incendio y recordó que el siniestro había comenzado en dos puntos diferenciados, presuntamente provocado por una persona o personas que fueron, según manifestó, los culpables de las muertes.

El único inculpado presente en el juicio fue Miquel Rabassa, apoderado de Fincas Ibéricas, SA. Su padre, Jaume Rabassa, excusé su comparecencia mediante un certificado médico. Miquel Rabassa aseguró que el 90% de las calles de la urbanización estaban asfaltadas cuando se declaró el incendio.

Este hecho fue desmentido por la mayoría de los testigos.

El primer testigo en declarar fue el entonces alcalde de Lloret de Mar, Joan Doménech, quien manifestó que, después de nueve años, no recordaba la situación legal de Los Pinares porque entonces había más de 60 urbanizaciones en marcha en la población. Otro testigo fue José García del Río, quien perdió a su mujer y a sus cuatro hijos en el incendio. García del Río había adquirido la parcela pocos días antes del suceso.