Ultimátum del CDS para que Barranco renuncie a su actual política urbanística

El CDS lanzó ayer un ultimátum al equipo socialista del Ayuntamiento de Madrid: o cambia radicalmente la actual política urbanística o no habrá el mínimo diálogo sobre los presupuestos municipales para 1989, con lo que el PSOE quedará hipotecado a los votos y consiguientes exigencias de Alianza Popular. El grupo centrista, entre otras condiciones, reclama a los socialistas que sea el Ayuntamiento quien gestione directamente la urbanización de los terrenos ocupados por las denominadas bolsas de pobreza y una inmediata revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

Agustín Rodríguez Sahagún, portavoz del CDS, no quiso calificar estas exigencias como "ultimátum" y recurrió al eufemismo de denominarlas como "envite e invitación a los socialistas, porque nuestra postura es siempre constructiva". El equipo de Gobierno queda en manos de AP, si no transige y el CDS vota en contra, para sacar adelante los presupuestos de 1989.El grupo centrista ha presentado una proposición para su inclusión en el pleno de hoy en la que se solicita, entre otras medidas, la constitución en el plazo de 30 días de una ponencia política que elabore los criterios de revisión del plan general y en la que se exige al Ayuntamiento que asuma la gestión directa de los 1.200.000 metros cuadrados de suelo que van a salir al mercado como consecuencia de la eliminación de las bolsas de pobreza.

"Es nuestra última oferta de diálogo al equipo de gobierno y a la oposición para hacer una política progresista de urbanismo en Madrid", dijo Rodríguez Sahagún. El portavoz centrista criticó el sistema elegido por el Ayuntamiento para que la iniciativa privada obtenga tan importante cantidad de terreno en pleno casco urbano, con la sola contraprestación de pagar el realojamiento de los actuales ocupantes y los costes de expropiación y urbanización.

Según Rodríguez Sahagún, este sistema puede crear al Ayuntamiento de Madrid problemas jurídicos. "El interés social de la expropiación prevista de los terrenos queda en entredicho. Además, se favorece el oligopolio, se incentiva la especulación privada y se pierde el control del precio final de las viviendas que los promotores privados construirán en los terrenos liberados", dijo el concejal.

"El sistema propugnado por el PSOE, con el apoyo sistemático de AP, mantiene los riegos de especulación ya denunciados por nuestro grupo. Según la Constitución, la comunidad ha de ser la beneficiaria de las plusvalías y no dejarlas en manos de unos pocos promotores", dijo Rodríguez Sahagún.