Colombia investiga el consorcio Domi-Prodeco-Auxini
La fiscalía general del Estado ordenó abrir una investigación, fiscal y penal, contra el consorcio colombiano-español Domi-Prodeco-Auxini que adelantaba trabajos de explotación de carbón en Colombia.Una investigación realizada por la fiscalía reveló que el consorcio violó el contrato firmado con Carbones de Colombia (Carbocol) al utilizar indebidamente ocho millones de dólares que recibió como anticipo para la adquisición de maquinaria y equipos de trabajo.
Paradójicamente, en febrero de este año, un laudo arbitral falló a favor de este mismo consorcio obligando a Carbocol a pagar 11.000 millones de pesos (unos 5.000 millones de pesetas) por haber incumplido el contrato. La fiscalía general del Estado calificó, la pasada semana, este laudo como errado, exagerado y violatorio de la ley, y ordenó abrir una investigación disciplinaria contra los tres juristas que actuaron a favor del consorcio.
La historia empezó en julio de 1981, cuando el consorcio formado por las dos empresas españolas Auxini y Domi, y la colombiana Prodeco, firmaron un contrato para la explotación de carbón en El Cerrejón, ubicado en la zona del Caribe colombiano. El Cerrejón es la mina de carbón a cielo abierto más gran del mundo.
El contrato preveía la extracción de diez millones de toneladas del mineral hasta agosto de 1990. Sin embargo, en marzo de 1985, Carbones de Colombia, unilateralmente, dio por terminado el contrato debido a las cuantiosas pérdidas que estaba arrojando el proyecto. En marzo de 1987, las dos partes llegaron a un acuerdo amistoso: el consorcio se comprometió a entregar la maquinaria y la mina a cambio de un arreglo económico. En marzo de este año, un laudo arbitral falló a su favor y condenó a Carbocol a pagar 11.000 millones de pesos. Ésta es la sanción arbitral más alta impuesta a empresa estatal alguna en Colombia; por esta razón, Carbocol apeló ante el Consejo de Estado.
En su investigación, la fiscalía general de la nación encontró, entre otras irregularidades, que existe una inconsistencia entre lo que reclamó el consorcio español por la ruptura del contrato y la multa impuesta por los árbitros. El consorcio reclamaba 4.000 millones de pesos (menos de 2.000 millones de pesetas) y los árbitros concedieron más de 11.000 millones de pesos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
