El cepo para coches produce indefensión por la imposibilidad de ser recurrido

El cepo para los automóviles mal estacionados es de dudosa legalidad, según han afirmado juristas, políticos y personas relacionadas con el mundo de la automoción. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido reimplantar este sistema que Juan Arespacochaga, ex alcalde de Madrid, importó de París en 1977 y que cayó en desuso apenas dos años después. Según varios abogados, este sistema deja al ciudadano en una situación de indefensión, pues se encuentra con una sanción, la inmovilización del coche, ante la que no puede recurrir si no paga. Los grupos del Ayuntamiento han pedido un pleno monográfico sobre el cepo.

Varios juristas han coincidido en señalar que el cepo puede ser ilegal porque su utilización podría constituir un delito de coacción, se salta el procedimiento de audiencia (posibilidad del ciudadano de reclamar), lesiona el derecho de propiedad y perpetúa la situación irregular del vehículo. Además puede causar daños en el coche. Por todos estos motivos, Eduardo Rodríguez, el abogado que ganó al municipio los pleitos sobre la grúa y la ORA, ha anunciado que podría pleitear contra el cepo si éste llega a las calles. Además, según una sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona, es nulo de pleno derecho el exigir una tasa por la retirada del cepo, por no dar al denunciado la posibilidad de presentar un recurso contra la actuación administrativa.La vuelta del cepo a Madrid fue anunciada el lunes pasado por Eugenio Morales, concejal de Circulación del Ayuntamiento. La reimplantación de este impopular artilugio mecánico fue la sorpresa del plan municipal para la mejora del tráfico. Ningún grupo político, salvo el socialista, vio con buenos ojos el retorno de esta práctica. Por ello solicitaron un pleno monográfico sobre el asunto, que se celebrará el próximo día 14 de octubre. Alianza Popular y el Centro Democrático y Social pusieron de manifiesto inmediatamente sus dudas sobre la legalidad del sistema a través de sus portavoces municipales. Izquierda Unida no duda de su legalidad, según ha manifestado su portavoz en el Ayuntamiento Francisco Herrera.

Procedimiento coercitivo

Pero quien de verdad ha puesto el dedo en la llaga ha sido Eduardo Rodríguez, al asegurar: "El sistema del cepo es totalmente ilegal porque es un procedimiento coercitivo que no está previsto en la ley". Y ha ido aún más lejos: "Es muy posible que recurra contra el cepo, aunque sólo sea por propia satisfacción". Según este letrado, en el proyecto municipal en el que se contempla el retorno del citado elemente mecánico se vulnera el artículo 33 de la Constitución, en el que se dice que cualquier limitación del derecho a la propiedad privada debe hacerse por ley. "No se puede impedir", ha dicho, "que el propietario del vehículo disponga libremente de él".

Este abogado coincide con su colega Fernando Muñoz Perea al señalar que el cepo perpetúa la situación irregular de un vehículo. Es decir, que con o sin cepo el coche sigue mal aparcado. Muñoz Perea afirma que con el cepo se suprime el trámite de audiencia que permite al ciudadano recurrir una sanción".

Ambos juristas consideran que la utilización del cepo podría constituir un delito de coacción, "tanto porque impide el libre uso de la propiedad privada como por utilizar ésta para conseguir un fin concreto".

El artilugio llegó por primera vez a las calles de Madrid el 29 de agosto de 1977, de la mano del alcalde Juan Arespacochaga, que se ganó el apelativo popular de ceporro. La medida fue fuertemente criticada desde todos los sectores de la sociedad. Los juristas Eduardo Alarcón y Fernando Muñoz Perea declararon entonces que el cepo atentaba contra la propiedad privada y que su utilización podría constituir un delito de coacción.

Además de los argumentos jurídicos contra el cepo, hay otros técnicos. José Ignacio Contreras, presidente de la Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles, afirma que la prensa de ruedas puede causar daños en el coche.