El ministro del Interior afirma que los policías condenados son los únicos responsables de la desaparición del 'Nani'

El ministro del Interior, José Luis Corcuera, afirmó ayer que los únicos responsables de la desaparición de Santiago Corella, el Nani, son los policías condenados por esta causa y en ningún Paso las autoridades políticas. Todos los grupos de la oposición, aunque con matices, encuentran, por el contrario, responsabilidades políticas en el actual Gobierno, entre otras cosas por autorizar la aplicación de la ley antiterrorista al Nani sin un mínimo control. El ministro del Interior, que se mostró solidario con la gestión de su antecesor José Barrionuevo, se estrenó ayer en el pleno del Congreso con una interpelación presentada por Arturo García Tizón, de AP.Durante más de dos horas, los grupos políticos quisieron inútilmente que Corcuera conviniera con ellos en que se desprenden responsabilidades políticas del caso el Nani

"Soy solidario con quien tuvo antes esta responsabilidad, porque actuó correctamente y de ninguna forma se pueden derivar consecuencias políticas", replicó el ministro. "La responsabilidad no es del anterior ministro, sino de los procesados", señaló, para añadir que los condenados engañaron al remitir un télex a Interior por el que pedían autorización para incomunicar al Nani

Corcuera, al igual que el portavoz socialista en este debate, Carlos López Riaflo, aseguraron que se había llegado al esclarecimiento de los hechos "por la actuación de la policía, mandada políticamente por el Gobierno".

García Tizón afirmó que con su iniciativa trataba de que el Congreso evaluara "si una,persona puede ser detenida ilegalmente, ser objeto de la aplicación de la ley antiterrorista con falsedad de documento, torturada y hecha desaparecer forzosamente sin que nada ocurra". "Esta Cámara debe exigir responsabilidades políticas". Ante la respuesta del ministro, García Tizón expresó que éste no había entendido el objeto de la interpelación, cual era el hablar de consecuencias políticas y recordó que la sentencia del casoasegura que Interior autorizó la incomunicación "con automatismo y falta de control".

Por un momento, la controversia se desvió del Gobierno ya que Nicolás Sartorius, de IU, recriminó a la derecha que tomara ahora esta iniciativa cuando no apoyó hace muchos meses a IU en su exigencia de responsabilidades políticas. "En democracia no hay que esperar a que haya una sentencia judicial para pedir responsabilidades políticas", dijo.

En un tono más conciliador, el portavoz de Minoría Catalana, Miquel Roca, mostró su deseo de que la opinión pública extrajera de este debate la bondad del sistema democrático. "Es cierto que ha existido una gravísima lesión del estado de derecho, pero también una victoria del estado de derecho, porque se ha cumplido la legalidad".

En esta línea se manifestó el presidente del Partido Liberal, José Antonio Segurado, que recordó el durísimo discurso del socialista Carlos Solchaga cuando en la oposición pidió responsabilidades políticas al Gobierno de UCD por la muerte del etarra Arregui. Íñigo Cavero (Democracia Cristiana), León Buil (CDS), Juan María Bandrés (Euskadiko Ezkerra) y Joseba Azkárraga (EA) también encontraron motivos para pedir responsabilidades al Gobierno.