"La política industrial se adaptará a la expansión de la economía"

La última remodelación del Gobierno de Felipe González supuso, entre otras novedades, la rentrée del bilbaíno Claudio Aranzadi en el Ministerio de Industria y Energía, esta vez como titular. El ministro inició su andadura en la Administración de la mano de Carlos Solchaga, como jefe de gabinete. Luego pasó al Instituto Nacional de Industria (INI). En los dos últimos años ha cosechado los primeros efectos del saneamiento del tejido industrial del país, especialmente en la empresa pública. Ahora habla de continuar la labor ya iniciada, adaptando gradualmente la política industrial y energética a una economía en franco crecimiento e internacional¡zación.

Pregunta. ¿Qué cambios en la política industrial pueden anticiparse en lo que resta de legislatura?

Respuesta. Las líneas generales de la política industrial en el horizonte de dos años que usted plantea se presenta, fundamentalmente, en una línea de estricta continuidad con la política industrial que han venido poniendo en práctica los distintos gobiernos socialistas desde 1983. Ahora bien, es lógico que los énfasis y prioridades vayan cambiando a lo largo del tiempo. Desde hace cinco años han ocurrido una serie de acontecimientos que influyen en esta evolución. Básicamente, se pueden citar tres: uno evidente, nuestro ingreso en la CE que coincide con un proyecto de creación de un mercado único en la propia Comunidad, que establece un proceso irreversible de apertura de la economía al tiempo que impone una estrategia de internacionalización de las empresas españolas.

En segundo lugar, el avance en el diseño de los diferentes procesos de ajuste sectoriales. Prácticamente están completados todos los esfuerzos en distintos sectores que estaban en una crisis profunda en el período de 1983. Lógicamente el proceso deberá continuar, pero en el conjunto de los llamados sectores en reconversión, el marco está diseñado y se ha avanzado considerablemente; de modo que en la mayor parte de los casos no es más que la aplicación de los programas que están ya en marcha.

Otro aspecto significativo es que estamos en un período de alto ritmo de crecimiento industrial. En este contexto las prioridades y énfasis de la política industrial tenderán a consolidar un cambio. La política industrial tendrá un menor grado de intervencionismo administrativo, al tiempo que se irá desarrollando en un marco progresivamente menos regulado. Además es una política de mayor énfalis en las iniciativas de carácter horizontal, como la política de innovajión tecnológica y promoción industrial.

P. ¿Qué papel desempeñará la empresa pública en la aplicación de estas nuevas prioridades de la política industrial?

R. Más que hablar de empresa pública yo hablaría de la política industrial a desarrollar en los grupos o holdings de titularidad pública. En cada uno de los casos (INI e INH) existen unas características específicas, sobre un grupo de carácter homogéneo o diversificado. El planteamiento general en el horizonte de 1990 sigue siendo el mismo. Por un lado cada uno de los conjuntos o grupos industriales deberán seguir avanzando en un proceso de adaptación a la competitividad, que no difiere en nada a la mantenida por las empresas de capital privado que operan en el mismo sector. En otros aspectos a los que se ha referido, la política que desarrolle el holding (fundamentalmente en el caso del INI) continuará evolucionando hacia una racionalización de la cartera de participaciones.

La orientación general del conjunto del grupo público mantendrá como objetivo la concentración y especialización en determinadas líneas productivas. Ello supone, por otra parte, avanzar en el proceso de desinversión en determinadas empresas y sectores productivos. Igualmente continuará la política de incorporar accionistas privados a empresas rentables del Grupo INI.

Apoyo a la reordenación

Por otro lado, también las empresas del INI y el INH tendrán una parte activa en aquellos procesos de recomposición industrial que se planteen, favoreciendo, en principio, los esfuerzos de consolidación en determinados sectores. En todo caso, tanto en el INH y en el INI, deberán seguir mantenien do como norma prioritaria y fundamental el criterio de mejo ra de los resultados.

P. ¿En materia energética está pendiente aún la revisión del Plan Energético de 1983?

R. Está claro que uno de los aspectos de esta revisión, como es la determinación del parque eléctrico hasta el año 2000, es una decisión que no está sometida a una excesiva urgencia, ya que los primeros déficit de potencia no se prevén antes de 1996. Además, ya se han ido tomando una serie de iniciativas en el sentido de modificar algunos aspectos del plan energético anterior. Por ejemplo en el caso del plan del gas se han revisado al alza los objetivos que existían del peso del gas en el conjunto del consumo energético español. Probablemente antes de fin de año se presente un nuevo plan de energías renovables.

P. ¿Cuando se tomará la decisión sobre la moratoria nuclear?

R. El momento de la decisión, en principio, debe tomarse con un arco de alrededor de 4 ó 5 años, por lo que no se hace urgente antes de ese plazo.

P. ¿Qué queda pendiente en el sector eléctrico para completar su saneamiento una vez aprobado el marco legal?

R. El proceso de saneamiento del sector está ya en curso. Antes de final de año es necesario aprobar la Orden Ministerial que establezca el mecanismo de corrección de desviaciones. Asimismo, de cara al año que viene el sistema de costes estándares para la distribución es el aspecto prioritario a establecer.

P. ¿Es previsible un proceso de fusiones en este sector?

R. No preveo un proceso en este sentido a corto plazo. Las posibles evoluciones empresariales en un horizonte muy largo son dificiles de anticipar. Pero en este momento -y con el marco ya establecido- la evolución del conjunto de las empresas eléctricas es ya satisfactoria y continuará siéndolo.

P. ¿Qué queda pendiente en el sector petrolero, una vez alcanzados los acuerdos con la CE para la adaptación del monopolio de Campsa?

R. Se mantendrá la liberalización del sector según el marco acordado con la CE y los precios se irán liberalizando con un decalaje de dos años con respecto a la liberalización del suministro al por menor de los distintos productos. En cuánto al proceso de reordenación del sector, son las empresas privadas las que han de tomar la iniciativa y plantear su orientación estratégica y sus políticas de consolidación, tanto horizontales como verticales.

P.¿Qué criterios mantendrá su departamento en algunos procesos de "recomposición" del tejido industrial actualmente en curso, como el de la industria de defensa?

R. Como en otros sectores industriales, la iniciativa debe partir de las empresas.

Desde la Administración se propiciará un proceso de racionalización que permita aprovechar al máximo las necesidades de suministro de las Fuerzas Armadas españolas como el aprovechamiento de las cuotas de participación en todos los contratos de colaboración internacional en los que estamos presentes.

La política en este sentido irá destinada a no despilfarrar estos recursos, tanto humanos como financieros y, en este sentido, haremos lo que esté en nuestras manos para favotecer los planteamientos de cooperación que surjan de las empresas. La Administración apoyará los procesos de concentración industrial que se planteen, y que ayuden a una asignación más racional de los recursos humanos y financieros.

P.¿Ha detectado su departamento suficiente sensibilidad en la industria para avanzar en este proceso?

R. Creo que existe una clan sensibilidad sobre la necesidai de encontrar mecanismos de cooperación industrial.

Mi impresión es que se plantearán iniciativas, y que se podrá avanzar considerablemente, aunque las modalidades concretas deberán proceder de las propias industrias.

P. Algunos de los imperativos de la política industrial están solapados con competencias de otros ministerios. ¿Existe la necesaria coordinación para avanzar en este sentido?

R. Lógicamente todas las iniciativas que se propongan en el terreno de la política industrial están sujetas a una coordinación entre los departamento afectados.