El Supremo, hace responsable al Estado de la vida de los presos
El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a una indemnización de cuatro millones de pesetas a favor de los familiares del recluso Nicolás Antonio Capelo, acuchillado durante una reyerta ocurrida en mayo de 1979 en la carcel de Carabanchel (Madrid). El Supremo, al resolver este caso, establece la "responsabilidad del Estado en la muerte del recluso, por la que debe, por tanto, indemnizar". El interno contaba 21 años en el momento de su muerte. La Constitución reconoce en su artículo 106.2 el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos cuando sean causantes los servicios públicos.Según la sentencia, el 10 de mayo de 1979, un grupo de internos suramericanos de Carabanchel comenzó una pelea en la séptima galeria del centro con un grupo de presos españoles, entre los que se encontraba Capelo. Cuatro de los agresores se abalanzaron sobre él, y al menos dos le apuñalaron causándole la muerte.
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