La saga fuga de R. M.

"NUNCA ME iré de España; ya hice el indio en su momento y no pienso volver a hacerlo", declaró en 1986 José María Ruiz-Mateos. Pero habiendo elegido la vía del escándalo, y dada su natural inclinación hacia el histrionismo, el empresario acusado de estafador y falsificador no ha podido sustraerse a la tentación de montar otro número, aun a riesgo de ser infiel a su doble propósito de hace dos años. Ahora ha abandonado España, amenazando con no regresar hasta que se le garantice que va a ser juzgado y que se esclarecerán los motivos de la expropiación de Rumasa.Ruiz-Mateos se mueve en las brumas del escándalo como el pulpo en su tinta. Embrollar sin medida es la táctica, y no puede decirse que le haya dado mal resultado. Sus denuncias y querellas tienen por objeto anegar en un océano de confusión aquello que constituye la nuez del asunto. A saber, si cometió o no los graves delitos por los que está procesado.

La expropiación de Rumasa fue una medida discutible desde el punto de vista jurídico. En ello han estado de acuerdo personas de muy diferente ideología, tanto antes como después de que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre la constitucionalidad del decreto-ley de expropiación. Pero disentir de la medicina concreta aplicada no significa absolver al autor del desaguisado que provocó su aplicación: todos los especialistas están de acuerdo en considerar que una intervención del Estado en el holding era en cualquier caso obligada.

Los motivos por los que los tribunales consideran a Ruiz-Mateos un presunto estafador no son en absoluto baladíes. En el momento de la expropiación fue descubierto un agujero de 356.000 millones, producido por una gestión llena de irregularidades.

Naturalmente que son los tribunales quienes deben juzgar en concreto de una culpabilidad que de momento debe considerarse presunta, pero la catadura moral de este ídolo de tantos incautos, y de otros que lo son menos, puede deducirse de su comportamiento público desde que alcanzó notoriedad. Por ejemplo, de su fuga a Londres tras haber jurado que jamás se sustraería a la acción de la justicia, y que obligó a un proceso de extradición. O sus protestas de haber quedado arruinado, compatibles con intentos de adquirir, verbigracia, una compañía de aviación.

Es cierto que la lentitud de la Justicia española es exasperante. A los cinco años de su procesamiento, Ruiz-Mateos tiene derecho a ser juzgado y a alegar ante los tribunales lo que ahora desperdiga en desfogues emocionales. Pero no más, ni menos, derecho que otros miles de presuntos delincuentes que aguardan juicio en condiciones infinitamente menos ventajosas, pese a no haber intentado escapar a la acción de la justicia. Por lo demás, resulta sangrante la pasividad de ésta, que ha tolerado imperturbable los reiterados desafíos de este presunto estafador y real fuguista, que ha tardado medio año en reaccionar ante el incumplimiento por parte del procesado de su obligación de presentarse el primer día de cada mes ante el juzgado de delitos monetarios y que ahora dice esperar a la localización policial del fugado para ordenar oficialmente su búsqueda y captura. Pocas veces el principio de igualdad ante la ley fue tan crudamente escarnecido.