La compra-venta del Estado del bienestar
El 'welfare State' puede convertirse en un nuevo contrato social
"El Estado del bienestar se puede comprar por el producto que vende: una tercera vía entre el liberalismo y el socialismo". Ésta es la principal conclusión expresada por los promotores de un curso desarrollado durante la semana pasada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander sobre la política y la economía del welfare State después de la crisis. Allí se defendió la compatibilidad de las privatizaciones con este sistema de organización económica y el que ni los embates de la crisis económica de los setenta ni los 10 últimos años de indiscutible protagonismo de las políticas neoliberales han podido desmontarlo.
Pero también se evidenció la incapacidad de la teoría para explicar y predecir este fenómeno tan económico como político, hasta el punto de que algunos lo ven como el inductor de un nuevo contrato social, de otra concepción de lo privado y lo público.El que en toda una década de políticas neoconservadoras hayan aumentado las desigualdades en el reparto de los frutos de la producción, a pesar de que la crisis ha desencadenado los resortes de la protección social, según parecen demostrar los datos macroeconómicos del welfare State, resulta poco concluyente para quienes creen que las desigualdades son el motor del progreso económico, no sólo situados entre los herederos del patrimonio liberal. Hoy es frecuente que economistas y políticos de la llamada tercera vía apuesten por engrosar la tarta antes que por repartirla. Sus convicciones se han visto reforzadas, como también las de los liberales puros y duros, cuando desde el Estado que sirvió de paradigma a sus rivales ideológicos se trata de que la gente trabaje más, denunciando que el igualitarismo ha conducido a la desmovilización social y al estancamiento económico de la era Bresniev.
La teoría, por delante
Así, la vía centrista entre liberales y marxistas se dispone a acaparar el nuevo escenario del Estado del bienestar, ahora que la recuperación iniciada en los ochenta por las economías capitalistas occidentales facilita la labor. Ya en los cincuenta y sesenta, después de fructificar la siembra de dólares en Europa y de que sus principales Estados duplicaran la presión fiscal y la completaran con la tolerancia del déficit público, gracias a lo cual llegaron a distribuir casi el 50% de la renta anual, la socialdemocracia, luego ausente de la gestión de la crisis, capitalizó los logros del welfare State, mientras marxistas y liberales se enzarzaban en controversias teóricas.Ahora, cuando la creciente internacionalización del capital se alimenta de políticas económicas que tienden a castigar la falta de convergencia en la ortodoxia, hay intentos de situar la teoría por delante de los hechos, al menos para justificarlos. En un momento en que las escuelas parecen cerradas por falta de controversia sobre el qué hacer en el día a día, el welfare State vuelve a, ser esgrimido como una bandera política, aunque reformulado en la forma de conciliar libertad-igualdad-democracia y crecimiento económico. Pero el trabajo teórico de reflexión, como ha escrito Josep Picó (Teorías sobre el Estado del bienestar, Siglo XXI, 1987) y ha evidenciado en el curso de la UIMP, que "parece siempre imponente en su intento de explicar, y a veces predecir, la complejidad de esa dialéctica Estado-sociedad y su evolución".
En efecto, al margen de vender el producto del Estado del bienestar, y ello sin la amplitud con que lo hicieron hace un año los redactores del Programa 2.000 propuesto a debate por el PSOE, en el curso no se han planteado ni una metodología de análisis ni conclusiones para avanzar en la definición del welfare State. Los temas han seguido el índice que su director, Ramón García Cotarelo, catedrático de Ciencia Política en la universidad Complutense de Madrid, dio a un reciente libro suyo (Del Estado del bienestar al Estado del malestar, Centro de Estudios Constitucionales, 1986), y hasta una de las tesis del texto ha servido de segunda conclusión: cada sistema es distinto al anterior, y sólo subsiste cuando encuentra soluciones nuevas a problemas nuevos.
De ahí que se planteara una redefinición de lo público y de lo privado, y de la actitud ante las nuevas tecnologías en línea con lo que ha impuesto la política económica actual: bienvenidas sean las privatizaciones, siempre que sean rentables y aumenten el bienestar, y también las nuevas tecnologías, aunque a corto plazo tengan efectos negativos sobre la mano de obra, porque sirven para aumentar la productividad y así competir mejor. Por si acaso, Cotarelo señaló que unas privatizaciones tienen éxito y otras no, que la regulación no mata la libertad de mercado y que lo congruente con el socialismo es la libertad colectiva.
En lo jurídico, sí se apuntaron deficiencias del Estado del bienestar español, presentado a lo largo de las sesiones como menor que otros países por culpa del sesgo ideológico del régimen franquista y de su retraso en la incorporación al keynesianismo, entre otras causas. Javier Corcuera, profesor de Derecho Constitucional del País Vasco, recordó que el imperativo constitucional de que los poderes públicos habrán de remover los obstáculos a la igualdad y a la libre realización de la persona (artículo 9.2) ha de entenderse como un mandado al Parlamento y una obligación de obrar en consecuencia.
El contexto económico
En el contexto económico, Carlos Berzosa, catedrático de Estructura Económica y decano de la facultad de Económicas de la Complutense, en Madrid, negó el carácter progresista de la política económica seguida en los últimos años en España, si bien admitió las dificultades de formular alternativas. Se ha conseguido combatir la inflación y cierto crecimiento gracias al ajuste para recomponer los beneficios empresariales, pero el paro aumenta y se registra una creciente centralización de la producción y de las finanzas, cada vez en menos manos; la dinámica de la competencia gobierna el sistema de una forma más despiadada que nunca.Por su parte, Josep Picó abogó por cambiar la metodología de estudio para el análisis de clase y expuso que los datos empíricos hablan de unos Estados del bienestar divididos en tres tercios: los situados por debajo de la línea de pobreza (criterio no sujeto a convención, pero marcado por él en torno al mínimo exento de declarar renta), que son los marginados, y pueden oscilar entre el 8% y el 15%, según países: los ricos muy ricos, que se sitúan casi entre el 0% y el 5%, y una clase media, que absorbe a más del 80% de la población y explica el valor del centrismo político.
Finalmente, Andrés de Blas, catedrático de Ciencia Política de la UNED, admitió la existencia de una clara desmovilización social (por la alta concentración de decisiones en el Gobierno en vez de en el Parlamento y por las bajas cotas de participación política, sindical y ciudadana).
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