Los sindicatos consideran innegociable el registro voluntario de parados

Los sindicatos se oponen tajantemente a que el registro de parados en las oficinas de empleo tenga un carácter voluntario, tal como ha propuesto el Gobierno a centrales y patronal en las negociaciones para la reforma del Instituto Nacional de Empleo (Inem), que prosiguieron ayer y continuarán el próximo jueves. Los dirigentes ugetistas afirman incluso que ello puede llevar a que UGT no firme un acuerdo, y Comisiones entiende que ello significaría reconocer la ineficacia del Inem. La CEOE sí acepta la propuesta.Alvaro Espina, secretario general de Empleo, dejó claro ante los periodistas, aunque al parecer no tanto en su reunión con los negociadores, que el Inem seguirá ejerciendo la tutela y el control como registro público de contrataciones y se mantiene la ilegalidad de las agencias privadas. La propuesta, según Espina, persigue reducir tareas burocráticas y por ello se pretende eliminar el requisitivo previo de inscripción como parados para los trabajadores con contrataciones nominativas -más del 80% de las que viene realizando el Inem-.

La representante de Comisiones, Salce Elvira, entiende que aceptar esa propuesta sería admitir la ineficacia de las oficinas de empleo y dejar que cada trabajador se las arregle como pueda, lo que daría paso a la creación de oficinas privadas. En su opinión, si se mejora el servicio aumentará el número de ofertas genéricas de empleo por parte de las empresas.

El dirigente de la Unión General de Trabajadores, Emilio Castro, entiende que el registro obligatorio permite la igualdad de oportunidades de todos los parados ante las ofertas de puestos de trabajo y subrayó el hecho de que únicamente la CEOE defienda la propuesta del Gobierno.

Ofertas nominativas

La central socialista no se opone a que se mantengan las ofertas nominativas, pero no ve ninguna ventaja en eliminar el registro obligatorio de parados. "Para que no haya dudas", afirmó, "hay que quitar la nube del documento-base de la Administración, la voluntariedad, que puede llevar a no firmar un acuerdo".

Otra cuestión que centró buena parte de la reunión es la participación de los interlocutores sociales en la gestión del instituto, un tanto vaga en la propuesta de la Administración y que según Alvaro Espina está abierta al debate.

UGT quiere que se haga extensiva al control, a la gestión y a la toma de decisiones, y propone que los sindicatos intervengan en el pago directo y en la gestión de las prestaciones de desempleo.

Mientras que Salce Elvira tiene la impresión de que el Gobierno pretende que "la participación esté en función de los compromisos que adquiera cada parte", sensación que no comparten los dirigentes ugetistas.

El representante de CEOE, Julio Sánchez Fierro, es el que menos reservas pone a la propuesta de la Administración, por entender que es un documento de trabajo con el objetivo de hacer más eficaces los servicios públicos de empleo.