Algunos extranjeros han pagado en Granada 800.000 pesetas por el permiso de residencia

La Comisión Provincial de Extranjeros de Granada ha descubierto el cobro de cantidades abusivas por parte de determinados asesores privados por tramitar expedientes de nacionalidad, visados y permisos de residencia a ciudadanos no españoles. El gobernador civil de Granada, Pedro Temboury, dijo que se han pagado hasta 800.000 pesetas por obtener la nacionalidad española, cuando el servicio en sí es gratuito.

En fuentes oficiales no se ha precisado qué personas concretas pueden estar implicadas en estas prácticas abusivas, aunque sí aseguraron que no se trata de funcionarios y apuntaron hacia intermediarios privados. El número de extranjeros legales en Granada supera los 3.000, uno de los más altos de España.La comisión, que trata de controlar la situación de los extranjeros en la provincia granadina, fue creada hace siete meses y en ella están integradas las autoridades gubernativas, policiales y la Dirección Provincial de Trabajo. Según el gobernador civil, la comisión ha detectado casos de extorsión por parte de profesionales para agilizar la consecución de la nacionalidad española o permisos de trabajo. En algunos casos se prometió a los peticionarios agilizar los trámites a cambio de una cantidad alta de dinero. Sin embargo, las promesas fueron incumplidas ya que la concesión se decide por el Gobierno civil en los plazos previstos por la ley.

Por su parte, las autoridades laborales pertenecientes a la comisión aludida han detectado varios casos de ciudadanos latinoamericanos que, aprovechándose del origen español de sus apellidos, han logrado trabajo e incluso cobrar el subsidio de desempleo. Las investigaciones de la comisión se han centrado en el litoral granadino y en especial en la comarca de la Alpujarra, una zona de gran atractivo para este colectivo.

Los extranjeros residentes en Granada, según consta en los registros oficiales, son más de 3.000, buena parte de ellos estudiantes de la universidad granadina. Las autoridades ignoran la cantidad aproximada de residentes extranjeros no inscritos. Las autoridades han hecho 41 propuestas de expulsión en los últimos siete meses y han prorrogado la estancia de 170 extranjeros y han concedido 210 tarjetas de estudiante. Asimismo se han denegado tres casos de asilo político y se han concedido 220 permisos de residencia inicial.