El Ayuntamiento de Marbella y Jesús Gil pactaron en secreto el fin de su conflicto

El presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, y el Ayuntamiento de Marbella han llegado a un acuerdo tras varios meses de negociación secreta, para solucionar sus diferencias urbanísticas, centradas en la construcción del edificio Mare Nostrum, que provocaron la interposición de varias querellas mutuas y una escalada verbal de descalificaciones que ha durado más de un año. Ambas partes se comprometen, según confirmó este periódico en fuentes municipales, a desistir de las acciones judiciales.

En el acuerdo, que fue firmado con absoluta reserva ayer tarde en el ayuntamiento por el alcalde socialista, Alfonso Cañas, y el propio Gil, el presidente atlético reconoce el honor y la profesionalidad de los arquitectos municipales, contra quienes presentó una querella por falsedad en documento público solicitando 2.300 millones de pesetas de indemnización, y a los que acusé de prevaricación por entender que falsearon un informe urbanístico, por el que se le denegó la licencia de obras a su edificio, situado en una de las zonas más lujosas de Marbella.El ayuntamiento a su vez había acordado presentar dos querellas por calumnias y declarar persona "no grata" a Gil, a raiz de sus declaraciones acusando de actuaciones vergonzosas a los técnicos municipales y de irresponsabilidad a la corporación.

Tras el acuerdo, además de la retirada de acciones, Gil acepta no reclamar nada a los querellados y se reconoce públicamente que el Ayuntamiento de Marbella ha actuado en todo momento en defensa de los intereses de la población y de la legalidad urbanística, independientemente de las diferencias de criterio con Vegángeles SA, empresa con la que Gil opera en Marbella.

Por su parte, el ayuntamiento dará licencia de obras para construir el edificio -ya prácticamente levantado-, condicionada a que el MOPU dirima sobre el núcleo de la confrontación: la línea marítimo-terrestre, que para la corporación ha sido invadida por el edificio, mientras que para Gil se ha respetado escrupulosamente. Ambas partes se someten al dictamen de la jefatura de costas, y si el ayuntamiento viera ratificados sus argumentos, Vegángeles se compromete a perder parte del volumen edificado y a utilizar los sótanos del edificio para uso "privado comunitario", sin poder abrir locales comerciales al paseo marítimo.

El ayuntamiento también se compromete a conceder la licencia de primera ocupación para la apertura del club náutico que se proyecta crear en los sótanos.

El acuerdo incluye también una cláusula que estipula que el propio Gil enviará al alcalde una carta, con autorización expresa para su difusión, en la que reconocerá que el inicio de la construcción del edificio y lo levantado hasta la fecha ha sido ejecutado sin licencia municipal de obras, por lo que reconoce la comisión de una infracción urbanística y el acatamiento de la sanción que se le imponga.

También se muestra satisfecho de la salida pactada al conflicto, que deja invulnerada la legalidad urbanística, y a salvo el honor y la profesionalidad de los arquitectos municipales así como la dignidad de la corporación municipal.