Unas 40.000 empresas tendrán que auditarse desde 1989

Empresarios, juristas y auditores coincidieron ayer en urgir que se aplace la entrada en vigor del proyecto de ley de auditoria, al menos hasta que se aplique la reforma de las sociedades anónimas, a partir de 1990. Las primeras estimaciones profesionales señalan que si ahora someten sus cuentas a controles externos unas 8.000 empresas, ambas leyes obligarán a auditarse periódicamente a 40.000 compañías. Uno de los temores consiste en que las auditorías sirvan de pista al fisco para plantear problemas a las empresas.

En una reunión organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), interlocutores de los estamentos afectados por los proyectos de ley de auditoria y de reforma de la legislación mercantil -empresas, abogacia y auditores- apuntaron que faltan tiempo y medios, a la vez que abundan resistencias, para que desde 1989 se generalice en España el control externo de cuentas.Así lo preve la ley de auditoria que actualmente debate el Senado. También el proyecto de ley de reforma de las sociedades anónimas regula el asunto. Pero el hecho de que éste no haya empezado a ser debatido por el Congreso y quede para entrar en vigor en 1990 fue esgrimido por la mayoría de los oradores como un argumento principal para que se aplace la ley de auditoría.

Entre las razones existentes destaca que las condiciones para ser obligatoria la auditoria aparecen en el proyecto de reforma de la ley de sociedades anónimas. Deberá ser auditada toda empresa que reuna dos de estos tres requisitos: superar los 230 millones de activo, los 480 de cifra anual de negocios o los 50 trabajadores.

400.000 sociedades

Ángel Durández, socio-director de Arthur Andersen, avanzó a título ilustrativo que, de las 400.000 sociedades anónimas operantes en España -hay unas 600.000 inscritas-, la obligación de auditarse podría afectar a unas 40.000. Esto multiplica por cinco el número actual de empresas auditadas, aunque no hará lo mismo con el mercado en pesetas, porque muchas de las empresas grandes y algunas de las medianas y pequeñas ya cumplen.La idea de la falta de tiempo para preparar los auditores necesarios fue compartida por Jesús Peregrina, de Peat Marwick, quien advirtió que la profesión de auditor está amenazada así por el deterioro, cuando no por la mediocridad.

Sin embargo, las mayores críticas procedieron de los empresarios y juristas. José María Vizcaino, director de Ramón Vizcaino y presidente de la confederación de empresarios vascos (Confebask), expresó el temor de que las primas y la ambiguedad impidan los informes límpios. "Volvemos a caer en el intervencionismo excesivo y no eficaz, así como en el control indirecto de la actividad de la empresa", dijo.

Luis Pastor Ridruejo, secretario general de Campsa, manifestó -idea muy reiterada luego por otros oradores- que las cautelas de los auditores ante ciertos temas fiscales dudosos, al aparecer en las notas del informe, puede provocar actuaciones de la inspección fiscal en temas discutibles. La actuación del auditor se volvería así controla la empresa.

Por su parte, miembros de gabinetes juridicos que han evacuado dictámenes sobre el asunto, como Rafael Jimenez de Parga y Juan Luis Iglesias (despacho Uría & Menéndez), resaltaron que hay incoherencias entre los dos proyectos de ley, calificados por Iglesias de complementarios.