Más de 30 manifestaciones se han celebrado en el centro de Madrid desde que fueron 'prohibidas'

El centro de Madrid ha padecido más de 30 manifestaciones desde que el 6 de noviembre la delegada del Gobierno, Ana Tutor, anunciara su intención de prohibirlas. El tráfico se ha visto colapsado en esas ocasiones por sindicatos, ganaderos, objetores de conciencia, ecologistas, funcionarios de prisiones, funcionarios municipales, maestros, organizaciones pro y antiabortistas, vecinos, policías, jubilados y pensionistas. La mayoría de estas manifestaciones fueron ilegales.

Si a estos actos se suman los oficiales -fiestas del 1 y 2 de Mayo, día de la Bicicleta, cabalgata de Reyes, San Antón, etcétera- e incidentes por falsas alarmas de bomba y socavones varios -como el de la cuesta de San Vicente, el día 1 de marzo-, cada vez son menos los días en que los conductores pueden circular con normalidad en Madrid. Paradójicamente, algunos de los más grandiosos atascos de los últimos meses los ha provocado la policía, los días 25 de febrero y 27 de marzo, por los controles instalados en relación con el secuestro de Emiliano Revilla.Las manifestaciones de los bomberos, el 11 de diciembre; los desórdenes provocados por la huelga de empleados de la EMT, en marzo; el corte de la M-30 por los ganaderos porcinos, el 27 de abril, y la masiva asistencia de profesores de EGB, el mismo día, han sido otras de las jornadas, negras para el tráfico.

Al mismo tiempo, en Madrid se han celebrado decenas de protestas de vecinos, generalmente en barrios periféricos, que casi siempre incluían el corte de alguna calle importante o de la M-30.

Ayer no fue posible obtener de la Delegación del Gobierno datos concretos sobre el número de manifestaciones celebradas, la cantidad de ellas que dieron lugar a cortes de tráfico importantes y el número de expedientes o sanciones que hayan podido aplicarse por estas causas.

El 26 de noviembre, el Ayuntamiento aprobó en el Pleno, con el voto en contra de Izquierda Unida, pedir a la Delegación del Gobierno que no se permitieran las manifestaciones en el perímetro limitado por las calles de Raimundo Fernández Villaverde, Francisco Silvela, Doctor Esquerdo, Reina Cristina, Santa María de la Cabeza, Bailén, Princesa y San Francisco de Sales.

Previamente, el 6 de noviembre, la Delegación del Gobierno hizo público un comunicado en el que se daba cuenta de su decisión de prohibir en el futuro manifestaciones "en las arterias principales, donde queda demostrado que el derecho a la manifestación puede entrar en colisión con el derecho de los ciudadanos a no sufrir perturbaciones graves en sus desplazamientos por la ciudad". La idea se fraguó tras los descomunales atascos provocados por las manifestaciones de productores de tomates y de minusválidos de Prodiecu.

Las posturas del Ayuntamiento y de la Delegación del Gobierno fueron contestadas inmediatamente y con gran energía por CC OO y UGT, que adujeron que los problemas de tráfico no pueden ser razón suficiente para impedir el ejercicio de un derecho constitucional.

En diciembre, la Delegación del Gobierno matizó su postura y explicó que no se admitirían itinerarios que pudieran originar alteraciones de tráfico importantes, y que cada solicitud -fuera de índole sindical, política, e incluso actos festivos, cívicos o puramente recreativos- sería estudiada individualmente. Desde entonces, los convocantes de manifestaciones menores han sido obligados a modificar sus itinerarios, mientras que otros actos no autorizados, como las concentraciones de miles de profesores, entre ellas la de anteayer, se han celebrado sin más e incluso con protección policial.