Aprobada definitivamente la derogación de la ley antiterrorista

, El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, junto a la realizada recientemente en el Código Penal, supondrá la derogación de la ley antiterrorista de 1984. No obstante, los portavoces de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, y de Eusko Alkartasuna, Joseba Azkárraga, sostuvieron que las modificaciones realizadas trasladan a la legislación ordinaria aspectos fundamentales de la ley especial de 1984 y que, en este sentido, se incumple un aspecto del acuerdo contra la violencia suscrito por 14 fuerzas parlamentarias el pasado mes de noviembre.

La reforma, que tuvo que ser debatida ayer de nuevo en el Congreso tras las modificaciones introducidas por el Senado, contó con 258 votos a favor, siete en contra, y 14 abstenciones. Se abstuvo el PNV, votaron en contra Eskadiko Ezkerra y Eusko Alkartasuna, y a favor los demás partidos políticos. Estuvieron ausentes todos los diputados de Izquierda Unida.

Joseba Zubía, del PNV, opinó que la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal contiene avances positivos, como el de limitar a un mes la suspensión de la excarcelación acordada por un juez cuando haya recurrido contra ella el ministerio fiscal. La misma valoración le mereció el que la información facilitada al juez sobre la entrada policial en un domicilio para realizar una detención, o un registro relacionado con ella, sin autorización judicial previa, indique las personas que han intervenido y los incidentes ocurridos. Estas tesis fueron compartidas por el portavoz del CDS, León Buil. El proyecto aprobado ayer permite que este tipo de persecuciones antiterroristas en locales privados puedan ser realizadas no sólo por los cuerpos de seguridad del Estado, sino también por las policías autonómicas y municipales.

Juan María Bandrés admitió que se ha producido una levísima mejora en la legislación antiterrorista, pero subrayó que "puede ser" inconstitucional la suspensión automática de la función o cargo público de quien es procesado y encarcelado provisionalmente por presuntos delitos terroristas. La misma opinión le mereció el que un recurso del fiscal deje en suspenso la decisión judicial de puesta en libertad, porque "las decisiones sobre libertad y prisiones, en este país y de acuerdo con la Constitución, las establecen los jueces, no los fiscales". Asimismo expresó su creencia de que puede atentar contra la Constitución el que la incomunicación de los detenidos sea inmediatamente desde el momento de su detención y antes de que la autorice el juez.

Bandrés, al igual que Joseba Azkarraga, de EA, juzgó que puede ser inconstitucional el precepto que permite a la policía la entrada en un domicilio sin autorización judicial, así como la intervención de las comunicaciones telefónicas ordenadas por el ministro del Interior por un plazo de 72 horas, al término del cual el juez debe confirmarlas o revocarlas.

Joseba Azkárraga opinó que las reformas aprobadas ayer "no colman en absoluto las exigencias de los ciudadanos vascos en contra de cualquier tipo de legislación especial contra el terrorismo", y afirmó que el éxito contra la violencia "vendrá cuando el apoyo social vaya disminuyendo o desapareciendo. Y ésto", sentenció Azkárraga, "no se consigue desde la limitación sino desde la profundización en el sistema de libertades". Eusko Alkartasuna promoverá en el Parlamento vasco un recurso de inconstitucionalidad.