Un miembro de Terra Lliure implica al líder de IPC en la entrega de explosivos

Carles Castellanos, el líder del grupo Independentistes dels Països Catalans (IPC) detenido el pasado martes y trasladado a Madrid en aplicación de la legislación antiterrorista, ha sido implicado por Marcellí Canet, presunto miembro de Terra Lliure, en sus declaraciones ante la Audiencia Nacional, en el suministro de pólvora al comando Manresa de la organización terrorista.La detención de Castellanos, profesor de francés en la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes (EUTI), ha provocado protestas en medios independentistas y universitarios. Un centenar de personas se manifestaron a última hora de la tarde ante la Delegación del Gobierno en Barcelona para protestar por la detención y pedir la derogación de la ley Antiterrorista.

El juez Carlos Bueren, de la Audiencia Nacional, ante el que declaró Canet, fue quien ordenó el arresto de Castellanos.

Según fuentes oficiales, Marcellí Canet declaró la pasada semana ante el juez que Carles Castellanos le entregó pólvora en cierta ocasión y que mantenía contactos con el líder de IPC desde hacía algún tiempo, ya que les unía cierta amistad.

La Guardia Civil registró el domicilio de Castellanos, pero no halló ningún material que le relacionara con Terra Lliure.

La detención Castellanos se produjo sobre la una de la tarde del pasado martes en el aparcamiento del campus de la universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde se encuentra la EUTI, mientras estaba acompañado del programador Ramón Piqué Huerta -militante del Moviment de Defensa de la Terra (MDT)-, que también fue arrestado y luego liberado.

Los obispos de las ocho diócesis catalanas condenaron ayer el atentado de Terra Lliure perpetrado el pasado lunes en el que la organización terrorista utilizó una bomba trampa que causó dos heridos graves entre las fuerzas de seguridad. En un comunicado enviado al diario Avui, Terra Lliure afirma que el atentado iba dirigido a las fuerzas de seguridad y anuncia nuevas acciones contra la policía y la Guardia Civil, cuerpos a los que considera "fuerzas de ocupación".

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