Los tendidos de vídeo comunitario de Leganés, cortados por orden municipal

El Ayuntamiento de Leganés ha procedido durante los tres últimos días al corte de los tendidos del vídeo comunitario que atraviesan las vías públicas. Los responsables municipales han alegado la necesidad de aplicar la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, que las empresas de vídeos comunitarios estaban infringiendo. La ley establece que el uso de dominios públicos las convierte en servicios esenciales de titularidad estatal, que sólo podrán ser explotados por concesión de la Administración central.

El presidente de la Asociación Española de Vídeo Comunitario (Avico), Eusebio Bolaños, criticó que el Ayuntamiento no haya tenido en cuenta el plazo de un año que marca la ley para la adecuación de esa actividad. "Quieren acabar con nosotros, aniquilarnos", añadió. Los servicios técnicos municipales han señalado que este plazo sólo afecta a los tendidos considerados "legales", es decir, aquellos que no atraviesan dominios públicos.Según los datos de Avico, en Leganés existen cerca de 8.000 abonados al vídeo comunitario, que era explotado por dos empresas: Tecavisa y Eb Electrónica. El pasado 9 de diciembre, el pleno municipal fijó las condiciones para regularizar el tendido de cables, haciéndoles subterráneos y fijando un canon por utilización de suelo público. Pero, indicaron los responsables municipales, la entrada en vigor de la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones ha hecho inviable esta solución. La Policía Municipal y los bomberos se están encargando de la operación, que hasta el momento se desarrolla sin incidentes.Las empresas de vídeo comunitario, al recibir el decreto de alcaldía del pasado 4 de abril que ordenaba la retirada de los cables en 48 horas, ya que de no ser así lo haría el propio Ayuntamiento, recurrieron ante la Audiencia de Madrid, pidiendo la suspensión del decreto. El recurso se halla pendiente de resolución y, al igual que lo sucedido en Getafe, el equipo de gobierno decidió seguir con el corte de cables.

Además de Leganés, en la región madrileña han llevado a cabo esta medida los ayuntamientos de Alcobendas y Getafe. Contra el primero, las empresas de vídeo comunitario han interpuesto una demanda en la que exigen 50 millones de pesetas de indemnización por "abuso de poder".