La oposición pide a Barranco que entregue toda la documentación sobre las torres de KIO

La oposición en el Ayuntamiento de Madrid ha pedido que el gobierno municipal entregue toda la documentación sobre los solares del grupo kuwaití KIO en la plaza de Castilla, pues quieren saber por qué en 1983 se redujeron a la mitad los 125.000 metros cuadrados edificables, decisión posteriormente rectificada a la vista de un dictamen del Consejo de Estado no vinculante y referido a otro polígono. Agustín Rodríguez Sahagún, portavoz del CDS, dijo ayer que "si el Ayuntamiento no deja sin efecto el plan, la responsabilidad será del alcalde, JuanBarranco".

La polémica sobre este proyecto se reprodujo la semana pasada a raíz de que el concejal responsable de Urbanismo, Jesús Espelosín, anunciara que se había equivocado y que no existía ninguna sentencia del Supremo que obligara a construir 125.000 metros cuadrados en la plaza de Castilla. La alta edificabilidad permitida es, sin embargo, legal, según Espelosín, pues así consta en el Plan General.En el origen de este proceso, en 1957, la empresa Urbanor recibió, a cambio de unos terrenos que tenía en Chamartín, otros que la Comisaría General de Ordenación Urbana poseía en la plaza de Castilla en los que, según el acuerdo alcanzado, podrían ser edificados hasta 125.000 metros cuadrados.

La edificabilidad se mantuvo en el Plan General de 1963, pero fue reducida a la mitad en 1983 por la Oficina Municipal del Plan General cuando presentó éste para su aprobación provisional en el Ayuntamiento. Según Espelosín, Urbanor recurrió contra esta decisión que convertía una de las dos parcelas en zona verde, y para ello se apoyó en un dictamen del Consejo de Estado que se refería a un caso "similar".

De acuerdo con la información ampliada ayer por Espelosín, el dictamen del 28 de diciembre de 1983 se refería a un polígono de la zona norte también permutado por la Comisaría General de Ordenación Urbana a la empresa Plaza Norte S. A. Ese informe indicaba que no podía reducirse mediante un cambio de planeamiento la edificabilidad acordada; y que sólo restaba como única vía la expropiación "a precio comercial". Este dictamen por sí solo convenció a los responsables del Plan, pues no se pidió, al parecer, ninguno otro.

"Todo el error está en la confección del Plan General", dice el portavoz de AP, José María Álvarez del Manzano. "Pero a partir de ese momento, nos guste o no, legalmente está vigente".

Enrique Villoria, concejal de AP y presidente de la Comisión informativa de Urbanismo que el día 21 estudiará la documentación, señaló por su parte: "No es posible la suspensión de la tramitación, y sólo cabría la aprobación o denegación del estudio. La denegación supondría la petición por la propiedad de daños y perjuicios. También se podría expropiar", lo que Espelosín cifra en 15.000 millones que hacen esta posibilidad inviable.

La oposición quiere conocer ahora, cinco años después, las razones que movieron a los técnicos a reducir la edificabilidad y luego a echar marcha atrás. "Por lo que he visto, creo que actuaron bien", dijo ayer Espelosín. "La calificación de zona verde debió de producirse porque había una tendencia a convertir en zonas verdes todos los solares no construidos. Después debieron de reconsiderar su decisión, pues la edificabilidad estaba bien argumentada".