El PSOE y parte de la oposición deciden aplazar el envío a los altos cargos del cuestionario sobre su patrimonio

El PSOE logró ayer posponer el envío a los parlamentarios, altos cargos de la Administración y quienes desde 1977 fueron altos cargos, de un cuestionarlo para detectar presuntos aprovechamientos del puesto en beneficio económico personal. El socialista Justo Zambrana contó con el apoyo del CDS, PNV, Democracia Cristiana, Izquierda Unida y Grupo Mixto para excluir esta medida del plan de trabajo inmediato de la comisión parlamentaria de investigación sobre tráfico de influencias, en espera de un informe de los letrados de la comisión sobre la base jurídica de este y otro tipo de investigaciones semejantes.

AP, Minoría Catalana y el Partido Liberal se opusieron a este método de trabajo, que nacionalistas y liberales consideran una argucia para arropar un frenazo político del Gobierno a la investigación sobre posibles irregularidades económicas de parlamentarios, gobernantes y destacados núembros de la Administración.Justo Zambrana, presidente de la comisión y representante del PSOE, atribuyó la iniciativa socialista a la conveniencia de aclarar si "es procedente solicitar respuestas de este tipo por escrito", ya que un informe que solicitó él, con apoyo del CDS, al presidente del Congreso indica que las comparecencias parlamentarias se consideran siempre relacionadas con una presencia física y una explicación oral en sede parlamentaria. Zambrana esgrimió ayer este informe, que sólo lleva membrete de la secretaría general del Congreso y no va firmado, cuando el documento lleva fecha del pasado día 11 y la comisión de investigación se reunió al día siguiente sin que entonces revelara su existencia.

Todos los grupos coincidieron en no considerar vinculante dácho informe, que la comisión como tal no había solicitado, mientras los nacionalistas catalanes y los liberales lo caificaron como la disculpa para postergar la aprobación del cuestionario dirigido a antiguos y actuales altos cargos.

Honestidad histórica

Zambrana insistió, como represientante socialista, en que no debe hacerse una labor inquisidora "contra la que probablemente es la clase política más honesta que ha existido en la historia de España". El diputado subrayó que "no se puede caer en un deterioro de las instituciones" y recordó que hasta finales del próximo mes de junio se podrán solicitar a la comisión investigaciones en base a sospechas concretas de irregularidades en antiguos o actuales altos cargos.

Josep María López de Lerma, portavoz de la Minoría Catalana, reprochó que el plan de trabajo aprobado por la mayoría de la comisión sea "incongruente" con el acuerdo tomado el 15 de marzo por el pleno del Congreso respecto a las misiones de la conúsión de investigación, y que "no incluya un método de trabajo para investigar las irregularidades que se puedan detectar". En términos parecidos se manifestó el presidente del Partido Liberal, José Antonio Segurado, quien además opinó que la postergación de la aprobación de los cuestionarios no parece iniciativa de Justo Zambrana, "sino de otras instancias", en presumible alusión al Gobierno.

Alejandro Rebollo, del CDS, mantuvo una actitud coincidente con el PSOE al subrayar la necesidad de precisar los límites jurídicos a las investigaciones. "Se debe llegar tan lejos como nos deje el ordenamiento jurídico vigente", apostilló a su comentario. Una tesis semejante fue defendida por el representante de la Democracia Cristiana, Íñigo Cavero, que matizó que su actitud no es la de "dar por relegada" la elaboración de los cuestionarios, sino la de contar con el máximo respaldo jurídico en el método de investigación.

Manuel García Fonseca, de Izquierda Unida, propuso que se investigue todo tipo de escándalos económico-financieros y que puedan ser llamados a declarar no sólo altos cargos sino cualquier persona que haya tenido negocios con el sector público.