Cavaco Silva y los sindicatos declaran haber vencido tras la huelga general

El Gobierno del primer ministro portugués, el socialdemócrata Aníbal Cavaco Silva, y las centrales sindicales que convocaron la huelga general de 24 horas del pasado lunes -la socialista UGT y la comunista CGTP- se declararon ayer vencedores de esta prueba de fuerza. Ambas partes admitieron, no obstante, la posibilidad de negociar la revisión de la legislación laboral, cuestión que desencadenó la mayor protesta registrada en Portugal en los últimos 12 años.Sindicatos y Gobierno valoran de forma diametralmente opuesta la incidencia de la huelga: para los primeros, la participación rondó el 80%, mientras que el Ministerio de Trabajo la cifra entre un 7% al 15%, en el sector público esencialmente.

Pero la mejor prueba de que unos y otros no creen en sus afirmaciones de victoria es la moderación de que hicieron gala a la hora del balance: las dos centrales sindicales invitan al Gobierno a reanudar la negociación de la legislación laboral en el ámbito del Consejo Nacional de Concertación Social (integrado por el Gobierno, los sindicatos y las tres centrales patronales). Por su parte, Cavaco Silva admite que los proyectos gubernamentales puedan ser "mejorados" durante el debate parlamentario, que empezará el próximo 14 de abril.

Motivos del conflicto

Los desacuerdos principales sobre la nueva legislación laboral que propone el Gobierno se centran en la ampliación de las causas para el despido individual y en la generalización de los contratos temporales. Actualmente, el despido individual es posible sólo por "causa grave" y después de un proceso disciplinario realizado por escrito. El Gobierno pretende eliminar este último paso y ampliar a 10 las causas del despido individual, incluyendo conceptos como falta de confianza en el trabajador, inadaptación al puesto de trabajo, poca rentabilidad, entre otros; los sindicatos consideran que esto puede llevar a valoraciones subjetivas y al despido selectivo.En cuanto a los contratos temporales (por seis meses), que según los sindicatos ya son una práctica habitual y se han convertido en mayoritarios en algunos sectores productivos, el Gobierno propone hacerlos obligatorios para todos los menores de 25 años. La propuesta de Cavaco Silva incluye, asimismo, eliminar la protección de que gozan los delegados sindicales hasta tres años después de concluido su mandato, y admite que no sean readmitidos automáticamente, como hasta ahora, los trabajadores cuyos despidos sean no justificados.