La huelga general paraliza por completo los transportes en Portugal

La huelga general de 24 horas convocada para ayer por las dos principales centrales sindicales de Portugal contra la nueva ley laboral que liberaliza los despidos paralizó ayer por completo los transportes, y afectó seriamente a la mayoría de las actividades productivas, excepto el comercio y el turismo. La presión sindical representa un serio desafío al Gobierno y obliga al presidente, Mario Soares, a tomar parte en el delicado conflicto.

Según los sindicatos, la participación en la huelga fue del 80% de los convocados -unos dos millones de obreros que representan la mitad de la población activa de Portugal-. "Fue una gran victoria", "superó todas la expectativas", dijeron anoche portavoces sindicales. Éstos aseguraron que la huelga afectó a todos los sectores, especialmente a las mayores empresas públicas y privadas, que "paralizaron por completo su actividad".Por el contrario, el Gobierno señaló que la participación fue de un 7% a un 15%. El primer ministro, el socialdemócrata Aníbal Cavaco Silva, se desplazó a un hospital en Porto, al norte del país, y a varias fábricas y aseguró que la actividad laboral era normal. Cavaco Silva, sin embargo, reconoció que el transporte no funcionó, motivó por el que indicó que su Gobierno "estudiará seriamente" la privatización de las empresas de este séctor.

La paralización, que constituye un hecho sin precedentes en Portugal -en febrero de 1982 la Unión General de Trabajadores (UGT), de tendencia socialista, se negó a secundar una huelga general promovida por- la Central General de Trabajadores Portugueses (CGTP), de tendencia comunista-, ha sido calificada de «movimiento inútil" y "maniobra demagógica y desesperada" por Cavaco Silva. Éste reiteró ayer que no cederá "ni un milímetro" sobre el conflictivo proyecto de ley, que será casi con seguridad aprobado el próximo 14 de abril por el Parlamento, en el que los socialdemócratas disponen de una cómoda mayoría.

La decisión final quedará, entonces, en manos del socialista Mario Soares, quien, como jefe del Estado, tendrá que optar entre tres soluciones: promulgar la ley, pese a la cerrada oposición sindical; ejercer su derecho al veto y solicitar la intervención de¡ Tribunal Constitucional. Cualquiera de estas dos últimas posibilidades pueden significar el fin del notable entendimiento que han mantenido hasta ahora el presidente socialista y el jefe del Gobierno socialdemócrata.

Al mismo tiempo, la polémica sobre la ley puede acentuar las críticas de la derecha al Gobierno por no avanzar suficientemente aprisa en la liberalización de la economia y, por otro lado, abrir una crisis en el interior del partido socialista,entre grupos sindicalistas contrarios a la ley y sectores más pragmáticos.