La bolsa propone mayor protección al inversor y más severidad en las sanciones
Las bolsas han presentado un estudio sobre la reforma del mercado de valores dirigido por José B. Terceiro, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Los puntos básicos de este estudio se resumen en la demanda de protección para el inversor y la proposición de una mayor severidad en la aplicación de sanciones a los agentes del mercado. También se propone la no creación de sociedades de valores hasta 1992, salvo para los actuales agentes.
Con la presencia de los síndicos : las bolsas de Madrid, Bílbao y Valencia, además de José B. Tereiro, se efectuó la presentación de este estudio que, según Enrique de Benito, debe servir de guía para ilustrar a aquellos que tienen en sus manos la discusión del proyecto. El síndico madrileño dijo que el proyecto no es muy viable en su estado actual, por lo que el esfuerzo de las bolsas debe dirigirse a reforzar los argumentos que se han venido utilizandohasta este momento, y para ello encargó un estudio en profundidad del proyecto de ley de reforma del mercado a alguien imparcial.
El principal objetivo de este estudio es, según Terceiro, llenar las lagunas que en lo referente a la protección al inversor tiene el actual proyecto. En este sentido, se destacó la indefinicion del inversor en el sistema financiero español, señalándose que incluso los consumidores están más protegidos, pues éstos conocen los productos que pretenden adquirir mientras que el ahorrador no adquiere productos financieros, le son colocados, lo que denota una falta de consciencia respecto al producto que le ha sido colocado.
En este sentido, se destaca la irrisoria capacidad del cuadro de sanciones que presenta el proyecto de ley de reforma del mercado de valores, pues las sanciones muy graves son sancionadas con amonestación pública, algo que está muy lejos de legislación francesa que, para los obstáculos no muy graves, prevé una sanción de unos 40 millones de pesetas o penas de prisión de hasta dos años, o de la norteamericana, aún más severa. Una de las propuestas de este estudio es que el sistema sancionatorio adininistrativo debe complementarse con la inclusión de una claúsula general proclamadora de la vigencia de los principios rectores del derecho penal.
La importancia real del mercado de valores español, a nivel mundial, impone unas dosis de reforma que el propio mercado pueda admitir, según el estudio, por lo que Ias oportunas reformas deben hacerse a escala proporcional y con un período de adaptación que permita a todos los agentes actuantes en el mercado sumarse a ellas sin ningún tipo de traumas.
En este sentido, se propone una reforma más gradual en el tiempo que no autorice la creación de sociedades de valores hasta 1992, y que permita únicamente a los agentes de Cambio y Bolsa la constitución de sociedades hasta esa fecha. Dentro de la gradualidad de la adaptación, deben permitirse -hasta 1992- las operaciones por cuenta propia en cuantía restringida, limitándolas a las necesidades de contrapartida del mercado y a los recursos de las sociedades de valores. También se propone la creación de medidas fiscales para que acudan al mercado nuevas sociedades, así como el restablecimiento de desgravaciones a la suscripción de acciones y títulos de renta fija.
