Ledesma, "receptivo" sobre el pase a la reserva de 24.000 objetores acumulados

El Gobierno estudia una solución para los aproximadamente 24.000 objetores de conciencia acumulados desde que la Constitución de 1978 reconoció este derecho, según informó Javier de Paz, secretario de las Juventudes Socialistas, tras entrevistarse ayer, junto a la senadora Francisca Sauquillo, presidenta del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, con el ministro de Justicia, Fernando Ledesma. Según De Paz, Ledesma se mostró "receptivo" a la propuesta de sus interlocutores de que tales objetores pasen, en conjunto, a la situación de reserva, de modo que la prestación social sustitutoria comience a aplicarse sólo a los nuevos objetores.

El ministro de Justicia reconoció que el retraso en la aprobación de la ley que regula la objeción de conciencia, así como la demora del Tribunal Constitucional en la resolución del recurso contra la misma y el tiempo dedicado a la elaboración del reglamento no son imputables a los objetores.

Prestación sustitutoria

Otra de las cuestiones planteadas al ministro de Justicia fue la no incidencía de la prestación social sustítutoria en el mercado de trabajo. Sobre esta materia, Ledesma dio cuenta del proyecto gubernamental según el cual los objetores se dedicarán a tareas de protección civil, conservación del medio ambiente, mejora del medio rural, protección de la naturaleza, servicios sanitarios, programas de cooperación ínternacional y servicios sociales (en particular acción familiar, protección de menores y adolescentes, tercera edad, minusválidos, minorías étnicas, prevención de la delincuencia y reinserción social de alcohólicos, toxicómanos y reclusos).Para la prestación social sustitutoria, el Gobierno tiene previstos convenios con la Cruz Roja, Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso), Cáritas, Protección Civil y Renfe (en cometidos no empresariales). Javier de Paz propuso que se establezcan también con el Consejo de la Juventud. En todo caso, Ledesma ofreció garantías sobre el carácter no militarizado de la prestación social prevista.