La Audiencia Territorial pide la lista de los cargos municipales de confianza

El presidente de la Sala Cuarta de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid ha solicitado al alcalde Juan Barranco el envío en el plazo de cinco días, de los nombramientos de los cargos de confianza efectuados desde julio, al existir un recurso en contra de los mismos de la Asociación de Técnicos de Administración General. La asociación ya consiguió la suspensión de tres directores de servicio no funcionarios, decisión que será acatada hoy por el pleno. Fuentes municipales informaron que si la Audiencia se pronuncia en el mismo sentido, la Administración municipal quedará colapsada.

La suspensión del nombramiento de los directores de servicio de Servicios Sociales, Cultura y Educación y Juventud dictada por la Audiencia puede verse ampliada en los próximos días a otros 12 directores que cubren áreas tan dispares como Protección Civil y Bomberos, Circulación y Transportes, Personal, Gestión Tributaria, Consumo o Salud, así como a otros cargos ocupados por no funcionarios, como el director del Centro Cultural de la Villa o el jefe del Gabinete de Prensa.El pasado miércoles, el presidente de la Sala Cuarta de la Audiencia envió al alcalde dos largos telegramas en los que se le piden, en el plazo de cinco días, los acuerdos municipales, decretos del alcalde y los expedientes de resolución de plazas, así como las alegaciones que consideren oportunas, al tiempo que pide que se informe a los afectados por si quieren personarse en la causa.

Grave perjuicio

Fuentes municipales manifestaron que el Ayuntamiento alegará contra la posible suspensión de estos cargos el grave perjuicio que ello produciría al interés general, única causa en la que puede basarse la sala para denegar la suspensión. De no aceptarse esta tesis y de ordenarse la suspensión de los nombramientos, las fuentes municipales consultadas afirman que se volvería a producir una paralización similar a la que existió al comienzo del mandato, cuando los grupos de la oposición en el pleno celebrado el 15 de julio frenaron el proyecto del PSOE de nombrar a 128 cargos de confianza con personas ajenas al Ayuntamiento.Como consecuencia de aquel pleno, los servicios municipales, a ritmo lento desde las elecciones, se vieron al borde de la paralización absoluta. Mientras la oposición consideraba inadmisible que 18.000 funcionarios estuvieran paralizados por la falta de un centenar de personas, el periódico Villa de Madrid dejaba de publicarse, los expedientes se acumulaban en las mesas de los concejales responsables de servicio y algunas juntas tuvieron que pedir la ayuda de voluntarios para sacar adelante algunas fiestas.

Unos días más tarde, el PSOE logró que se aprobara el nombramiento de 12 directores de servicio entre los funcionarios que reunieran las cualidades para ello, tal como había pedido la oposición, convocatoria a la que se presentaron 140 funcionarios. Asimismo, el PSOE consiguió, al tercer intento, que le fueran aprobados 13 puestos más de confianza a cubrir con no funcionarios.

Ambos acuerdos fueron recurridos por la Asociación de Técnicos de la Administración General con el argumento de que se conculcaba el principio de igualdad. "Nuestro recurso indica que no hay justificación para nombrar directores de servicio no funcionarios, pues éstos están capacitados para ocupar estos puestos", manifestó Jesús Espino, presidente de la Asociación de Técnicos de la Administración General.

Respecto al nombramiento de directores de servicio funcionarios, Espino aseguró que el recurso estuvo motivado en las irregularidades y arbitrariedades que a nuestro juicio existieron en la selección de personal".

Exigencia de una fianza

Cuando a principios de este mes la Audiencia desestimó el recurso municipal y ratificó la suspensión de los tres directores dé servicio no funcionarios, el responsable de Régimen Interior, José María de la Riva, anunció que el Ayuntamiento recurriría la suspensión ante el Supremo.Asimismo aseguró que los tres afectados se personarían en la causa para exigir a los recurrentes una fianza sobre sus sueldos cuyo monto total se eleva a cerca de un millón de pesetas al mes. De la Riva explicó, por último, que los tres afectados podrían continuar trabajando con contratos de asistencia técnica, aunque sin las responsabilidades de un director de servicio. Esta posibilidad o la de nombrarles asesores fue considerada ayer por Alianza Popular como "un fraude a la ley".