González Vallés, ex presidente de Autopistas, exculpado de delito monetario

El magistrado del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional, Rodolfo Soto Vázquez, encargado de la investigación de los delitos monetarios, ha cerrado el sumario sobre las presuntas irregularidades de José María González Vallés, antiguo presidente de Autopistas Concesionaria España, SA, (ACESA). El auto dictado por el juez señala que las actuaciones de González Vallés no constituyeron delito monetario, y remite todas las actuaciones a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

En la resolución judicial, el magistrado señala, también que en la causa aparecen posibles indicios de la comisión de otro tipo de infracciones, tales como defraudaciones o delitos contra la Hacienda pública.La investigación sobre presuntos fraudes e irregularidades administrativas cometidos en Autopistas entre 1979 y 1983, bajo el mandato de González Vallés, 1ue descubierta por el actual presidente, Carlos Bustelo, y denunciada en mayo de 1985. Bustelo fue nombrado presidente de la compañía en 1983, a propuesta del Fondo de Garantía de Depósitos de Establecimientos Bancarios, que se hizo cargo de Autopistas tras la crisis de Unión Industrial Bancaria (Bankunion), que poseía el 57,8% de las acciones.

La denuncia hacía referencia a la desaparición de unos 380 millones de pesetas, pero investigaciones posteriores aumentaron los indicios de la cantidad presuntamente defraudada -mediante comisiones desproporcionadas y préstamos internacionales- a una cifra que se situaba entre 1.200 y 1.500 millones de pesetas.

Demanda civil

El fiscal general del Estado, Antonio Burón Barba, remitió las actuaciones a los juzgados de Barcelona, que se inhibieron y devolvieron el expediente a Madrid, recayendo finalmente al de Instrucción número 16 de la capital. El juzgado archivó las actuaciones por estimar que no había causa penal, sino que en todo caso la cuestión debía plantearse como una demanda civil.González Vallés volvió de Londres a Madrid, y el 14 de febrero de 1986, ante el asombro de todo el mundo, reintegró, mediante un talón del Banco de España, 540 millones de pesetas a Autopistas, con el propósito de cumplimentar lareclamación y zanjar la cuestión.

Estos hechos provocaron que, a petición de los denunciantes, la Audiencia de Madrid se dirigiese de nuevo al juez instructor instándole a que investigase a fondo el caso. El instructor estudió de nuevo el caso y, tras analizar los últimos acontecimientos, se inhibió a favor de Audiencia Nacional por considerar que los hechos -en especial las salidas y entradas de dinero del exterior- podían constituir un soporte de presuntos delitos monetarios.

Ahora el juez instructor de la Audiencia Nacional encargado de delitos monetarios acaba de cerrar el sumario con la conclusión de que no se ha incurrido en conductas susceptibles de calificación penal.

Según el auto de Rodolfo Soto, el crédito otorgado por Chemere and Baldwain Corporation (domiciliada en Panamá) a favor de Aceros Impex fue concertado con plena autorización de la Dirección General de Transacciones Exteriores.

Esta operación constituyó el camino empleado para la devolución de los 540 millones de pesetas, y fue la que mereció las mayores sospechas de los investigadores.