El 'caso Valdano'

EL PATERNALISMO autoritario que ha caracterizado desde siempre las relaciones entre directivos de los clubes y jugadores de fútbol tuvo en España su expresión más acabada en la expresa renuncia de los jugadores a recurrir a la "jurisdicción de toda otra autoridad o tribunal que no sean los establecidos en los reglamentos federativos" que se incluía en los contratos. A su vez, el artículo 5 de los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol establecía, casi tautológicamente, que ella "tiene jurisdicción plena y exclusiva para todo cuanto sea materia de su competencia". El efecto combinado de esos contratos leoninos y tales estatutos fue que durante muchos años la federación -en la que no estaban representados los jugadores- fallaba sistemáticamente, sin posible apelación a otras jurisdicciones, en favor de los clubes. Y ello en todo tipo de contenciosos, incluidos los profesionales o laborales.La lenta democratización del fútbol español ha ido suprimiendo algunos de los aspectos más impresentables de su estructura interna, pero el chantaje del artículo 48 de los estatutos de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA), que compromete a los asociados a renunciar a recurrir a los tribunales ordinarios en toda cuestión deportiva, ha pesado sobre los intentos de acabar definitivamente con esa práctica antijurídica, que atenta contra varios preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, desde luego, contra los principios constitucionales. La Secretaría de Estado para el Deporte ha acabado plegándose a las exigencias de los sectores más retrógados, que han esgrimido el argumento de que, tratándose de asociaciones privadas, las federaciones podían establecer las normas que considerasen oportunas. Es decir: que quien no esté de acuerdo, se abstenga de integrarse en esa asociación privada. Para los futbolistas, ello significaría, evidentemente, condenarse al paro. Por lo demás, el argumento es jurídicamente insostenible: toda norma que atente contra la ley, y más si se trata de la ley de leyes, es nula de pleno derecho.

Prueba del absurdo en que nos movemos en este terreno es el caso del futbolista del Real Madrid Jorge Valdano. Nacido en Argentina, vino a España a los 19 años, fichado por un club modesto, el Alavés. En España ha hecho, a lo largo de 12 años, toda su carrera deportiva. Casado con una española y padre de dos hijos españoles, Valdano obtuvo hace meses la nacionalidad española. Sin embargo, a efectos deportivos sigue siendo considerado extranjero, y no puede jugar en su club por tener éste cubiertas las dos plazas que autoriza el reglamento de la federación. Dicho reglamento precisa, de manera harto arbitraria, que tendrán la consideración de extranjeros aquellos jugadores que, aun siendo españoles, hayan intervenido, como es el caso de Valdano, en la selección nacional de otro país. Se trata, por otra parte, de un ciudadano que paga escrupulosamente sus impuestos, lo que, desde luego, dista de ser norma habitual entre los ases de su profesión.

Valdano ha anunciado su intención de recurrir por vía de amparo ante el Tribunal Constitucional, a fin de que le sean plenamente reconocidos sus derechos de ciudadano español que desea ejercer su profesión. El asunto plantea problemas de interés. Por ejemplo: ¿hasta qué punto puede considerarse éste como un tema exclusivamente deportivo?; ¿la prohibición de la FIFA de recurrir a los tribunales extrafederativos es aplicable a una cuestión que afecta a los derechos civiles de un ciudadano? Por otra parte, se da por seguro que próximamente será autorizada la inscripción de un tercer extranjero por club, siempre que sea ciudadano de un país de la CE. En teoría, Valdano podría acogerse a esa posibilidad, puesto que jurídicamente es un ciudadano de la Comunidad Europea. Con lo que entraríamos de lleno en el país de las maravillas: alguien que es europeo por el hecho de ser español no podría, sin embargo, ser considerado español. Lewis Carroll no lo hubiera mejorado.