Los 5.000 millones que adeuda la Concepción, principal escollo del plan de viabilidad que ofrece su dirección
Los 5.000 millones de pesetas de deuda que lastran a la madrileña clínica de la Concepción, dependiente de la Fundación Jiménez Díaz, es el obstáculo clave que puede dejar en papel mojado el plan de viabilidad del centro que difundirá hoy su dirección. Este proyecto, que descarta definitivamente la idea de integración en el Insalud y subsiguiente traslado a Alcalá de Henares, debe ser negociado la próxima semana con todas las partes implicadas (acreedores y administraciones estatal, regional y local).
La clave de la supervivencia de esta clínica estará en la actitud que adopten el Ministerio de Trabajo, al que adeuda 3.800 millones de pesetas por impago de cuota empresarial, y de los proveedores, a quienes debe de 1.200 a 1.500 millones de pesetas, según datos de la dirección.Gregorio Rabago, director del centro, manifestó ayer que confía en obtener facilidades para el pago de esta deuda, que incluirían desde su aplazamiento, pasando por reducidos o nulos intereses, hasta eventuales condonaciones.
Fernando Pérez Iglesias, portavoz del comité de empresa del centro, manifestó ayer sus dudas sobre la viabilidad del plan, aunque manifestó ignorarlo en detalle.
"Mantiene aspectos pocos reales, como el que los acreedores van a perdonar parte de la deuda, y nuestras informaciones son más bien lo contrario. O que se pague la deuda a la Seguridad Social en mucho tiempo y sin intereses, lo que infringe la legalidad vigente". Rabago, en lo referente a la deuda con la Seguridad Social, manifestó que el pago se realizaría "con intereses o sin ellos, como tenga que ser".
Nuevo concierto
El director de la Concepción manifestó ayer que Sanidad había dado ya luz verde a este plan, aunque en este ministerio precisaron que la decisión principal correspondía a Trabajo y a los acreedores. Sanidad, no obstante, deberá negociar un nuevo concierto con esta clínica, para lo que ha impuesto una valoración distinta del costo de la cama concertada, ya que estimaba incorrecta la que hacían los rectores de este centro, que concentraban en la asistencia pública todos los gastos, en lugar de atribuirlos también a la atención privada."Queremos seguir trabajando para la sanidad pública porque es nuestra obligación" afirmó Rabago, aunque, a renglón seguido, manifestó que les resulta menos rentable que la asistencia privada. En Sanidad opinan en cambio que ello "permite tener unos ingresos fijos". Este centro dispone actualmente de unas 750 camas y su director estima en 7.000 millones el presupuesto anual con que debe contar el centro.
El plan de viabilidad incluye una "dirección empresarial" de la clínica, con redefinición de sus órganos de gobierno para incluir representantes de las administraciones que suscriban acuerdos con el centro; compromiso de mantener los puestos de trabajo -unos 1.800-, y actualización de salarios, que han estado congelados los tres últimos años.
Este proyecto de saneamiento de esta clínica, que según su director ha sido realizado por una empresa especialista en esta materia, incluye la redefinición de la oferta asistencial que puede hacer; la potenciación de la medicina privada (contratos con empresas, seguros, chequeos, etcétera); renovación tecnológica; negociación de la financiación de la investigación y docencia, "que es la que da más prestigio y déficit".
En este sentido, fija en unos 200 millones lo que esta entidad precisa recabar como apoyo financiero de las instituciones políticas y científicas para proseguir "con desahogo" su labor investigadora y docente (unas 700 personas reciben formación en este centro).
También figura un compromiso de los médicos para que parte de los ingresos que perciben por sus consultas privadas en este centro reviertan en la Fundación. Rabago estima que el 90% de los trabajadores apoya este plan de viabilidad. Y apoya esta creencia en que el 75% de los trabajadores, afirma, aprobó en referéndum la renuncia a reclamar atrasos.
