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Tribuna:

Un camino abierto al diálogo

Cuando ETA ha pretendido justificar su violencia mediante la denuncia de los defectos de legitimidad del Estado democrático cabía responder negando en algunos casos tales defectos y reconociéndolos en otros; en estos últimos casos, la actitud correcta era: no explicarlos por razón de la historia de la democracia española (no se produjo la ruptura con la dictadura) ni comprenderlos precisamente como respuesta a la violencia de ETA, sino corregirlos. Pero en todo caso eran problemas del Estado democrático y de sus defectos; no valían nunca para justificar la violencia antidemocrática de ETA.Cuando ETA ha puesto como condición para el cese de su violencia que se cumpla la alternativa KAS cabía discutir lo improcedente de los puntos de tal alternativa (su incorrección o su injusticia) o bien lo antidemocrático que sería que la minoría quisiera imponer su voluntad a la mayoría. Pero sobre todo, en ningún caso cabía aceptar que tal voluntad minoritaria, o tales objetivos políticos, pudieran ser condición que, incumplida, justificara la violencia, o cumplida, diera lugar a su cese.

Ha habido hasta ahora, por tanto, dos discursos que, aunque pudieran incidir en el mismo objeto, no daban origen a un diálogo. Era imposible que, sin negarse a sí mismo, el Estado democrático justificara la violencia de ETA o entablara unas conversaciones cuyo objeto fuera aceptar previas condiciones políticas para lograr el cese de la violencia.

Hoy ETA anuncia una tregua y abre el camino a una interpretación de una nueva política por la que los puntos KAS, en lugar de condición para el cese de su violencia, puedan ser programa político que defender sin apelar a ella. Probablemente estamos todavía en un momento en el que las palabras se cruzan. Pero algo ha cambiado: se habla ya de dejar las armas y de debate político sin ellas. Nada nos obliga a ir más allá, nuevamente al terreno del contrario, cuando al cese de la lucha le llama tregua. Nosotros podemos pensar por nuestra parte, sin pretender convencer a los enemigos, que ha sido la eficacia de la fuerza del Estado democrático y la fuerza de su legitimidad (y cuando digo Estado democrático me refiero tanto a los poderes centrales como a los autonómicos) la que ha provocado el cambio de postura. Lo que importa es que, al parecer, se abre la perspectiva de que cesen las armas y, por tanto, la posibilidad del debate político en el marco de la democracia.

¿Es lo mismo negociación política para ETA que para el Estado? Por de pronto, el hecho de que se plantee sin la violencia supone un acercamiento. Pero ya sabemos que los puntos KAS, presentados como condición de un acuerdo político, no sólo son injustos por defenderse con las armas sino también por pretender imponerse por voluntad minoritaria contra la mayoritaria. ¿Qué hay de retórica, que oculte una debilidad, en el enarbolamiento de los puntos KAS como previos al pacto y qué hay de posición firme de ETA?

El cese de la violencia abre el camino de una negociación en el sentido estricto del término y de un diálogo político. La negociación es la que tiene por objeto la eventual reinserción de los terroristas. El diálogo político es el de los partidos y las instituciones democráticas en el que todos los temas -también los de la alternativa KAS- son planteables. La negociación, con su objetivo: la eventual reinserción, puede plantearse en las conversaciones de Argel; el diálogo político allí sólo puede prepararse para que se desarrolle luego por los grupos políticos, incluido HB, en las instituciones de Euskadi y de toda España.

En la ambigüedad sobre el alcance de la negociación política hay un riesgo importante para la afirmación democrática de España, pero sobre todo para la de la autonomía vasca. ETA ha descalificado sistemáticamente al Estado y a las instituciones autonómicas detrás de la lógica violenta del todo o nada. Abandonadas ahora las armas, el reflejo del todo o nada sigue funcionando. Así ofrece un diálogo que ha de abrirse en un plano entre Estado y organización terrorista, y en otro, entre PSOE y Herri Batasuna. Si esto es una simple vía práctica -un empezar a caminar marchando- puede valer, pero si responde a la deliberada actitud de forzar los acuerdos políticos, relegando al resto de los partidos vascos a la función de comparsas, el ataque a la autonomía quedaría reproducido. Ni el Gobierno ni el partido socialista deberán caer en la trampa antiautonómica de aceptar a FIB como detentadora del monopolio del pueblo vasco o del nacionalismo.

Estas reflexiones no pueden borrar, sin embargo, la impresión dominante. A la paz se llega abandonando las armas y aceptando que es al Estado a quien le está atribuida la función y la responsabilidad del ejercicio legítimo del poder. El camino a la paz se ha abierto. Esto significa reconocer que orden, libertades, voluntad popular y distribución justa de bienes y valores son las tareas que tiene atribuidas un Estado democrático y que han de ser discutidas en el ámbito de la democracia.

José Ramón Recalde es abogado y escritor vasco, autor de La construcción de las naciones. Actualmente ocupa el puesto de consejero de Educación del Gobierno de Euskadi. No pertenece a ningún partido político.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de enero de 1988