La Caja de Granada ha pagado la vigilancia del domicilio particular del director general
La Caja General de Ahorros de Granada abona desde hace tiempo, por un importe mensual superior a las 800.000 pesetas, la vigilancia del domicilio particular de su director general Julio Abad Mata, que dimitió el pasado lunes.Los consejeros generales de la lista alternativa a la presidencia de la caja, auspiciada por el PSOE, entregarán por requerimiento notarial un escrito a la comisión de control de la entidad para que revise los acuerdos del consejo de administración relativos a una indemnización de 70 millones de pesetas para el director dimitido y a la participación en la empresa de seguros Universal Compañía, SA, (Ucisa).
En la última factura presentada por la empresa de seguridad Esabe Express, correspondiente al mes de noviembre, la caja de ahorros pagó 846.720 pesetas por la vigilancia del domicilio particular de Julio Abad. La factura lleva el visto bueno de la propia dirección general de la caja.
El servicio corresponde a la vigilancia de 30 días y durante las 24 horas de la casa del director. Abad afirmó ante el consejo el día de su dimisión, que su baja estaba relacionada con el cansancio y el envío de anónimos.
Julio Abad dirigirá y presidirá desde enero la empresa Ucisa, creada hace unos siete meses por la Caja de Granada como principal accionista. El propio Julio Abad es accionista particular de la saciedad con 4.590.000 pesetas. También son accionistas particulares los subdirectores de la caja José María Hidalgo y Manuel Titos. La caja tiene el 20%. de las acciones de Universal Compañía, unos 600 millones de pesetas. Según la entidad, el pasado día 7 el consejo vendió la mitad de las acciones, sin especificar el comprador.
Según los consejeros generales de la lista del PSOE, el nombramiento de Abad como director de Ucisa es "cuando menos sorprendente, ya que podría implicar actuaciones que rozan la legalidad".
Estos consejeros reiteran en el escrito a la comisión de control de la caja, que los 70 millones de pesetas otorgados como indemnización a Abad por cesar voluntariamente, conculcan el Real Decreto de 1 de agosto de 1985, que regula las relaciones laborales para los altos cargos.
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