El acuerdo como laberinto

Desde hace 10 años, la negociación entre Gobierno, patronal y sindicatos para la consecución de un acuerdo socioeconómico se ha transformado en una de las constantes de la vida colectiva española. El autor de este artículo, después de repasar las causas del fracaso de los últimos intentos opina que todos los interlocutores quieren negociar. Recuperado el beneficio empresarial, los contenidos deben dirigirse a disminuir el paro y a defender el Estado del bienestar y el sector público.

A lo largo de este año, los observadores y los ciudadanos hemos sido testigos, de momento, de dos intentos frustrados de pacto social. El primero de ellos, planteado ya inicialmente por Redondo en el verano del año pasado, se ha desarrollado básicamente entre enero-febrero de 1987. El segundo, nacido en principio para durar de 1988 a 1990, ha conocido una gestación del fracaso más dilatada. ,A pesar de su interés por el proceso, CC OO difícilmente hubiera firmado cualquiera de los dos pactos.

Para el PSOE, la concertación es necesaria para salir de la crisis.

Para el Gobierno, y al nivel de su acción política, la cuestión no parece estar tan clara. En 1984, el ministro de Economía Miguel Boyer impidió con sus manifestaciones sobre la banda salarial.

En febrero de 1987, el ministro de Economía, Carlos Solchaga, aconseja a los empresarios que sean responsables y que no suban los salarios más allá del 5% sugerido por el Gobierno. A los líderes sindicales socialistas y comunistas se les ha debido atragantar que un Gobierno socialista se pusiera claramente a favor de los empresarios en un momento de auge y recuperación económica.

José María Cuevas, al conmemorar los 10 años de vida asociativa empresarial, presentaba la concertación social como un éxito de la CEOE. Los empresarios, con los acuerdos de estos años, no sólo han conseguido la necesaria estabilidad social, sino que además han obtenido que las rentas reales de los trabajadores disminuyan, posibilitando con ello el incremento de los excedentes empresariales y, se dice, la salida de la crisis.CEOE y UGT, de acuerdoRepasando la actitud de los diferentes actores constatamos cómo la CEOE y UGT han sido y siguen siendo, en la teoría y en la práctica, decididas partidarias de la macronegociación. En otro nivel de compromiso, y dependiendo de la coyuntura específica, hay que situar al Gobierno de la nación (con sus bandazos) y a CC OO.

Por lo que se refiere a las demandas de cada una de las partes, la CEOE se planteaba como objetivos de la primera etapa la modificación de la legislación relativa al despido colectivo, la reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, la no disminución de la jornada de trabajo, la reforma fiscal y el cumplimiento de los acuerdos pendientes del AES. Comisiones Obreras pedía incrementos salariales del 7%-8%, reducción de la jornada a 39 horas, jubilación a los 64 años, revisión salarial automática, transformación de los contratos temporales en fijos (y control sindical de la contratación), decremento del número de horas extras, incremento de los derechos sindicales y negociación de la aplicación de las nuevas tecnologías. La UGT deseaba potenciar la política de concertación social; inversión pública y privada generadora de empleo; rechazaba inicialmente los Presupuestos Generales del Estado para 1987, porque sólo preveían un 4% de subida de los salarios, y no quería al Gobierno como parte negociadora del acuerdo.

Para el Gobierno, ya en la segunda etapa, se trataba de plantear la política social y no la contención salarial, la reforma a la baja del IRPF, la reducción del gasto público, discutir las cifras de los presupuestos públicos de los próximos tres años plantear la participación de los trabajadores en la gestión empresarial, ver qué parte del excedente empresarial puede ser destinado a aportación de empleo; en suma, negociarlo todo.La UGT, en su coherente defensa de la concertación como, política, quería el pacto, pero con cambios en el discurso económico liberal del Gobierno; autonomía del sindicato en relación al Gobierno y al partido socialista, rechazaba el gran acuerdo y deseaba acuerdos sobre temas específicos, un mejor reparto de la renta, cauces estables de diálogo social, un pacto con las empresas públicas, reformas estructurales que generen empleo y que el PSOE cumpla su programa electoral. Comisiones Obreras defendía que la política de grandes acuerdos estaba superada, que había que ir a acuerdos puntuales y que la concertación ofrecía hasta entonces un balance negativo.

Al igual que la UGT, CC OO pedía un cambio en la política económica del Gobierno, una política social de solidaridad y autonomía en relación a la política económica gubernamental.

La CEOE pedía se incrementara la recaudación por IVA para rebajar las cuotas empresariales a la Seguridad Social, la disminución del IRPF, la reducción del paro y de los costes financieros, bajar la inflación al 3,2%, flexibilidad del mercado de trabajo y fomento a la exportación. Hay que subrayar que, durante todo el proceso, la CEOE fue el único interlocutor que apoyó las tesis centrales del Gobierno.

El Gobierno cometió errores importantes. El primero de ellos, la forma televisiva de plantear el tema. En segundo lugar, el nombramiento de Solchaga como coordinador, así como sus decisiones. También la insistencia, luego modificada, relativa al pacto por tres años y la altanería de otros miembros del Ejecutivo. En todo este proceso, el Gobierno trasladaba al terreno social la mayoría política que capitaliza en las asambleas legislativas. Tranquilo el frente político por tres años más, se trataba de obtener, y en los términos dibujados por el Gobierno, la paz social.Desde octubre de 1984, la situación de la economía española se ha consolidado notablemente. En 1987 se ha producido una recuperación importante. A pesar de la mejoría, siguen existiendo tres millones de parados; se ha producido una disminución importante en estos años de la capacidad real de compra de asalariados, pensionistas y funcionarios; ha existido la reconversión industrial; que el déficit público asciende a 15 billones de pesetas, y el capital extranjero que entra nos coloniza y nos hace dependientes. En último término, la política aplicada ha tenido un beneficiario básico, los empresarios y el capital, y otro marginal, los trabajadores. No es de extrañar, por tanto, que los sindicatos no hayan querido aceptar las propuestas gubernamentales, sus condiciones, y que hayan exigido autonomía sindical y mejores sueldos para los asalariados. El Ejecutivo ha entendido que la solución a la crisis, al desempleo masivo, a la falta de productividad, sólo cabía encontrarla en las iniciativas de los empresarios privados. En la sociedad capitalista domina como factor de producción el capital sobre el trabajo. Sacrificar sístemáticamente las rentas del trabajo a las rentas del capital es una política coherente con la lógica de la acumulación capitalista. Es una política que ha sido aceptada por los sindicatos, sobre todo en momentos de dificultades económicas, pero que en la actualidad, con la recuperación, con la reactivación, demanda una mayor gratificación para los asalariados.Nueva faseEl segundo fracaso concertador ha comportado como consecuencias inmediatas la no firma del pacto, la posibilidad a corto término de una mayor conflictividad social, movilizaciones, una mayor unidad de acción entre la UGT y CC OO, una crisis en las relaciones entre el Gobierno y los sindicatos y entre la UGT y el PSOE (lo que preocupa gravemente a los empresarios), y, además, nuevos intentos concertadores.Dada la voluntad negociadora de todas las partes, no cabe temer por una ruptura del diálogo social, por una negociación colectiva crispada. Desde un -punto de vista político, la crisis entre la UGT y el PSOE puede, evidentemente, tener consecuencias deslegitimadoras para los proyectos electorales del segundo. La decisión de la UGT de disociarse parcialmente de las políticas macroeconómicas del Gobierno puede forzar a éste a replantearse las mismas en un sentido más izquierdista.

La política de concertación ha tenido hasta ahora un contenido sustancialmente económico. Con la tesis de la disminución de las rentas salariales, el Gobierno y los empresarios han defendido que el aumento de los beneficios empresariales daría lugar a creación de empleo y disminución del paro. De momento, y ésa es una de las causas de la crisis entre la UGT y el Gobierno, sólo se ha cumplido la primera parte del razonamiento.

Este objetivo, junto con la defensa del Estado del bienestar y del sector público de la economía, deberá ser incluido en la nueva etapa de concertación social. El Gobierno, la CEOE, la UGT, el PSOE y también CC OO quieren negociar. La nueva propuesta de la UGT de acuerdo interconfederal para 1988 así lo demuestra. La propuesta del ministro de Trabajo de un nuevo pacto social, que no demandaría como condiciones previas ni apoyar la política económica del Gobierno ni firmar un acuerdo a tres años, apuesta por esa voluntad negociadora y por esa necesidad política del pacto.

El Gobierno ofrece esta vez como coordinador a un hombre próximo a los sindicatos, a Chaves, que sugiere negociar el grado de cobertura del paro, la reforma de la formación profesional, del Instituto Nacional de Empleo e institucionalizar la relación de trabajadores y empresarios: el Consejo Económico y Social. Es posible que esta vez nuestros sujetos no se pierdan nuevamente en el laberinto como en las dos ocasiones anteriores. Teseo, el Gobierno, debería recordar que gracias a la ayuda de Ariadna consiguió entrar exitosamente en el laberinto para matar al Minotauro; que su traición a Ariadna, al abandonarla en la playa de Naxos incumpliendo su promesa matrimonial, provocó la venganza de los dioses y la muerte de Egeo, y que, sobre todo, el Minotauro, el paro, la desigualdad económica, política y cultural, la marginación, siguen existiendo, y no precisamente por causa de los sindicatos.

es profesor titular de Sociología de la universidad de Barcelona.