Preocupación en la Junta de Jueces por el conflicto con el Poder Judicial
El juez decano de Madrid, Antonio García de Paredes, mostró ayer su preocupación por la guerra de comunicados que mantiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la Junta de Jueces de Madrid, a raíz de que la sección disciplinaria del CGPJ sancionara con un año de suspensión al juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, José Donato Andrés Sanz.García de Paredes afirmó que el tema es muy grave, pues afecta a la independencia de los jueces, pero puntualizó que hay que mantener la cabeza fría e intentar sosegar los ánimos. El juez decano afirmó que ese ánimo conciliador debe presidir las acciones que se realicen en lo sucesivo, aunque sin ceder un ápice de las competencias de la Junta de Jueces.
El magistrado García de Paredes precisó que el caso, aunque pueda parecer corporativo, por la defensa de otro juez, no lo es, puesto que se trata de defender la independencia de los jueces en el ejercicio de su cargo.
La Junta de Jueces de Madrid expuso en un comunicado que, a través del ejercicio de la potestad disciplinaria, el CGPJ podría sofocar posibles disidencias e imponer un tipo de actuación jurisdiccional. El consejo, por su parte estimó que la Junta de Jueces se había excedido en sus competencias, y advertía al juez decano de que incurriría en sanción disciplinaria si convocaba reuniones de la junta que incluyeran en su orden del día cuestiones ajenas a su competencia, como el caso de Andrés Sanz.
El juez Andrés Sanz, magistrado conocido por sus posiciones conservadoras, concedió un permiso penitenciario al ultraderechista Emilio Hellín, condenado a 43 años de cárcel por el asesinato de la joven Yolanda González. Hellín, que ya había intentado fugarse de la prisión de Alcalá de Henares, aprovechó el permiso para huir.
El instructor del expediente disciplinario abierto contra Andrés Sanz y el fiscal -por dos veces- pidieron el archivo del procedimiento, pero la sección disciplinaria del consejo impuso la sanción de un año, que todavía no es firme, pues ha sido recurrida al pleno del citado organismo.
