Radios y autores inician un nuevo período en sus conflictivas relaciones
La Sociedad General de Autores de España (SGAE) y la Asociación Española de Radiodifusión Privada (AERP) han puesto fin a sus conflictos con la firma de un acuerdo que establece un nuevo marco de relaciones valedero, como mínimo, hasta 1997. Las dos partes implicadas, que pleiteaban abiertamente en los últimos meses, consideran el acuerdo como "no totalmente satisfactorio para sus intereses particulares" pero "válido en su conjunto". La cifra media oscilará en un 3,5% de la facturación bruta por publicidad.
La SGAE, que ha representado en la negociación sus propios intereses y los de la Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE), manifestó en palabras de su vicepresidente, Eduardo Bautista, que "el convenio ratifica la necesaria complementariedad que debe existir entre los autores que componen música y las radios que difunden sus creaciones". Para Eugenio Galdón, presidente de la AERP, "los intereses respectivos son efectos complementarios y, por ello, es inevitable que la relación sea tan conflictiva como necesaria".El acuerdo implica, según Eugenio Galdón, "unos pagos por parte de las radios superiores a los que se habían realizado en el pasado, aunque incluye una serie de variantes que hacen más lógico el sistema de funcionamiento". Con respecto a las variaciones incluidas en el esquema anterior, destaca la aplicación de unos índices correctores que tienen en consideración el formato de programación que posea cada emisora. Mediante este procedimiento se consigue que paguen más quienes hagan mayor uso de los contenidos musicales y menos quienes tengan menor dependencia de los soportes fonográficos. En este aspecto se establecen tres categorías de emisoras, según el uso, de hasta un 30% de música grabada, de entre un 30% y un 70% y de un porcentaje superior.
La radio privada ha debido renunciar a alguna de sus reivindicaciones iniciales, como era la de evitar que la cuota de pago se estableciera como porcentaje de la publicidad contratada. A cambio, la AERP ha conseguido que se considere un plazo de casi 10 años hasta llegar a la aplicación a rajatabla de los términos del documento aprobado.
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