De objetor a desertor

Enrique Giménez, de 22 años, habla desde una cabina en un lugar desconocido. Hace 16 meses que desertó del servicio militar. Por el mismo motivo, X. B. y J. P. se ocultan, uno en Francia y otro en una ciudad mediterránea. Xavier Roca y Miquel Rodríguez están pendientes de procesamiento tras haber pagado con cárcel su intención de ser objetores de conciencia cuando ya estaban en la mili. Son algunas de las personas que, tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, se enfrentan a una posible cárcel militar.Al menos ocho personas que intentaron objetar cuando cumplían el servicio militar se enfrentan a posibles sentencias de entre uno y seis años de cárcel, en virtud del artículo 127 del Código de Justicia Militar, tras la resolución del Tribunal Constitucional (TC), conocida el viernes, que desestima todos los recursos presentados, según abogados de los implicados. La ley de Objeción de Conciencia (LOC), en vigor desde el 26 de diciembre de 1984, que ha sido ahora convalidada por la sentencia, desarrolla el derecho a la objeción, pero no reconoce la posibilidad de invocarlo mientras dure el servicio militar, lo que se conoce como objeción sobrevenida.

Otros desertores están en situación de clandestinos, escondidos en distintos puntos de España y Europa. Varios más esperan ver reconocida su condición de objetor por haberse incorporado a filas antes de que entrase en vigor la LOC, como ya ha ocurrido en algunos casos.

"La objeción de conciencia es, más que un derecho, una excepción a un deber", decía recientemente el subsecretario de Justicia, Liborio Hierro. El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, opina, en cambio, que "(...) no es meramente la exención de un deber, sino el reconocimiento de un derecho básico de la persona humana de rango constitucional y garantizado por la tutela máxima -el recurso de amparo- que la propia Constitución establece para los derechos fundamentales...", expresaba en su recurso ante el TC.

Miquel Rodríguez, de 21 años, es un objetor sobrevenido en libertad provisional. Se había incorporado a filas en la Semana Santa de 1985. "Cuando llegas a la mili no sabes muy bien; después te encuentras con todo eso, con un sistema que va contra tu conciencia. Yo llevaba dos meses en la mili, en Cartagena, pese a que tengo una lesión de espalda, cuando decidí objetar. Me presenté vestido de paisano y me pasé tres meses en el calabozo. Me soltaron y, cuando no me lo esperaba, me volvieron a encerrar durante otros cuatro. Tras 21 días de huelga de hambre, me dejaron en libertad provisional". Al conocer que la sentencia del TC no reconoce la objeción sobrevenida se plantea "hacer las maletas".

Clandestino

Enrique Giménez desertó cuando llevaba seis meses de mili. "No pude aguantar más", declara desde una cabina telefónica, "te tratan como a un animal. Me juego seis años de cárcel por algo que yo no considero un delito. Vivo de las ayudas de los amigos. No estoy dispuesto a realizar ningún tipo de servicio, ni civil ni militar, después de lo que estoy pasando".Desde que entró en vigor la citada ley, 24.059 personas han visto reconocida su condición de objetor; 988 de ellas, en situación de reserva después de haber cumplido el servicio militar. Veinticuatro solicitudes han sido denegadas por ser sobrevenidas.

Ninguna de estas personas ha hecho aún el servicio civil sustitutorio, porque no hay reglamento, pese a que la ley de 1984 daba un plazo de tres meses. El Ministerio de Justicia espera que el próximo año presten el servicio civil unos 3.500 objetores.

Una veintena de objetores sobrevenidos se ha librado por el momento del calabozo. Alegaron que cuando se incorporaron a filas aún no había entrado en vigor la LOC, por lo que han podido ser declarados objetores. Xavier Roca fue el primer beneficiado, ya que ingresó en la mili pocos días antes de que la ley se hiciese vigente. Pero antes pasó ocho meses clandestino en Francia y, posteriormente, seis meses en el calabozo, tras ser sorprendido al regresar a España.

Tras conocer la sentencia, los colectivos defensores de la objeción sobrevenida manifestaban un profundo desánimo. "No lo esperábamos", declara Xavier Rius, uno de los que presentaron ante el Defensor del Pueblo la solicitud del recurso.

"La sentencia convierte la objeción en un problema permanente. Va a seguir habiendo gente opuesta a la realización de cualquier tipo de servicio sustitutorio. Pienso que han existido presiones militares". La asociación Justicia y Paz de Cataluña se plantea recurrir ante el Tribunal de Derechos del Hombre de Estrasburgo.