Las cajas de ahorro critican el procedimiento del Banco de España en la venta de las cajas rurales

La comisión encargada de intentar un consenso entre las cajas de ahorro para modificar las normas que limitan la expansión territorial ha terminado sus trabajos sin alcanzar un acuerdo. Aparte de solicitar la convocatoria de una asamblea general de las 77 entidades para que se pronuncien sobre el asunto, el único punto suscrito por todos los delegados ha sido el de mostrar su disconformidad con el procedimiento que sigue el Banco de España para sanear las cajas rurales mediante su compra por parte de cajas de ahorros.

A falta de una eventual reunión de despedida, los componentes de la comisión nombrada a finales del pasado mes de junio para concretar fórmulas de expansión, antes de que el Ministerio de Economía y Hacienda pudiera llegar a imponer otro marco distinto al actual, han terminado sus trabajos sin elaborar una propuesta concreta.Sus tres únicos acuerdos, el segundo de los cuales no lo ha suscrito el director general de La Caixa, Josep Vilarasau, han sido los siguientes, según el texto del acta al que ha tenido acceso este periódico:

"-1)Mostrar su disconformidad [de la comisión] con la actuación del Banco de España en cuanto al procedimiento que está siguiendo para el saneamiento de las cajas rurales.

-2)Ratificar los reiterados acuerdos tomados por el consejo de Administración de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA) referentes al incumplimiento por parte de diversas cajas confederadas del acuerdo que sobre expansión fue aprobado en la asamblea general extraordinaria del año 1985.

-3)Solicitar a dicho consejo la convocatoria de una asamblea general extraordinaria, al objeto de que la misma se ratifique o no en su posición con respecto de la expansión".

Según fuentes allegadas a la comisión -formada también por represtantes de las cajas de ahorros de Álava, Inmaculada de Zaragoza, Ceuta, y Municipal de Burgos-, los debates han estado polarizados desde junio por las posiciones de La Caixa y de la Caja de Burgos.

Por una parte, Josep Vilarasau, defensor de las posiciones de las cajas grandes, y concretamente de la suya y de Cajamadrid, ha mantenido la necesidad de que estas entidades puedan llegar a tener hasta un 50% de las oficinas fuera de su territorio al final de un calendario que terminaría en 1993, coincidiendo con el plazo pactado para la libertad de establecimiento entre España y la Comunidad Europea (CE).

De otro lado, el representante de la caja de Burgos, Garicano Azpiazu, también ha insistido en la opinión inicial: que los actuales límites a la expansión geográfica -por ejemplo, el que las entidades con más de 50.000 millones de recursos ajenos pueden tener un máximo de 12 oficinas fuera de su territorio de origen- deben permanecer invariables al menos hasta el año 1992. Las posiciones intermedias, expresadas en la comisión por los representantes de Álava y Ceuta, partían de que resulta necesaria una expansión menos limitada que en la actualidad. No han querido forzar, sin embargo, unas fórmulas que, aparte de carecer del respaldo de Vilarasau y Garicano, podrían ser contestadas por la mayoría de las cajas.

El Banco de España y el Ministerio de Economía y Hacienda se alinean con la posición de las cajas grandes, hasta el punto de que en la última asamblea general sus respectivas cabezas -el Gobernador y el Ministro- anunciaron el estudio de normas para modificar los actuales límites, que datan de finales de la pasada década. Ambos consideran estas limitaciones un obstáculo para que las cajas se preparen con el fin de competir con la banca y otras cajas a partir de 1992.

En cambio, una mayoría de las cajas de ahorro medianas y pequeñas, aglutinadas a nivel de federaciones, especialmente la de Andalucía, argumentan que las cajas de países comunitarios no suelen abrir sucursales fuera de sus regiones de origen.

Respaldo autonómico

En este esfuerzo de persuasión se sienten respaldadas por gran parte de los gobiernos regionales y de las corporaciones locales, más influyentes en la medida en que avanza la renovación de los órganos rectores y proclives a impedir que el ahorro de las comunidades con menores recursos sea invertido en otras zonas.Éste último núcleo de coincidencias entre cajas medianas y pequeñas y gobiernos regionales se ha hecho patente a raíz de que el Banco de España animara a La Caixa y a Cajamadrid a quedarse con cajas rurales en crisis.

El hecho de que el propio director general de La Caixa haya apoyado el punto segundo del acta -la "disconformidad con la actuación del Banco de España"- se interpreta como una señal por parte de las cajas grandes de limar asperezas con el resto, poniendo de relieve su disgusto por las frecuentes invitaciones de la autoridad monetaria a comprar cajas rurales sin, las ayudas públicas que se dispensaron durante la larga y costosa crisis bancaria.