800 minusválidos pidieron ayer su integración en la ONCE

Ochocientos minusválidos han pedido ser dados de alta en la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a través de los distintos gobiernos civiles desde que la Administración inició el desmantelamiento de Prodiecu. Pese a que la mayor parte de las delegaciones de esta organización cerró ayer sus puertas, los cupones se vendieron en algunas ciudades. En Córdoba y en Sevilla, un grupo de vendedores rompió los precintos y fueron desalojados por la policía.

Un portavoz de la Dirección para la Seguridad del Estado aseguró ayer que, desde el pasado mes de septiembre, 1.200 minusválidos han solicitado su ingreso en la ONCE. En las últimas 24 horas, el número aumentó considerablemente, puesto que 800 trabajadores de Prodiecu pidieron el alta. Las cifras del número de vendedores que han aceptado la oferta de la Administración pueden ser más altas, puesto que a última hora de la tarde de ayer sólo se tenían datos de 21 gobiernos civiles.La incorporación de minusválidos a la ONCE se realiza en virtud de un acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros para que pueden integrarse en esta organización 7.000 trabajadores minusválidos.

Según estimaciones del Ministerio del Interior, sólo 3.500 minusválidos se dedican a vender el cupón que se sortea en combinación con el de los ciegos. Portavoces de Prodiecu aseguran sin embargo, que son 12.000 los trabajadores que venden los cupones por todo el país. Joaquín Rodríguez, presidente del comité intercentros de Prodiecu, aseguró que los minusválidos estaban dispuestos a negociar con la Administración "siempre que se mantengan los 12.000 puestos de trabajo".

La dirección para la Seguridad del Estado informó que a lo largo del día de ayer la policía no levantó actas en las delegaciones de esta organización porque habían cerrado voluntariamente sus puertas.

En algunos puntos del país, sin embargo, se detectó la venta de cupones, y es posible que en los próximos días continúe la venta. Alicia Velasco, responsable de relaciones externas de Prodiecu de Madrid, aseguró que en la capital continúa la venta de cupones y que se seguirán pagando los premios.

La organización Prodiecu vendió también con normalidad sus cupones en su delegación de Valencia y en las subdelegaciones de la provincia, según explicaron fuentes de la propia organización. "Gracias a vuestras informaciones se ha vendido menos que otros días, pero se ha trabajado con normalidad", afirmó un portavoz de la empresa a la delegación de EL PAÍS en Valencia. Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Eugenio Burriel, dijo ayer en conferencia de prensa que "las rifas ¡legales son un abuso y un chantaje a personas con minusvalías", y anunció acciones policiales contra las oficinas y responsables de Prodiecu en el País Valenciano.

En las ciudades de Córdoba y Sevilla, grupos de minusválidos levantaron los precintos de algunas delegaciones. Los vendedores fueron desalojados por la policía sin que se produjeran incidentes o detenciones, según la misma fuente. La empresa Prodiecu, que organiza sin autorización un sorteo idéntico al de la ONCE, denominado cupón del minusválido, ingresará este año en las arcas del Estado más de 5.300 millones de pesetas en concepto de IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas) y de seguridad social, según un dictamen judicial que figura en el sumario por contrabando que se sigue en Barcelona contra los principales responsables de la sociedad, informó Jordi Busquets.

El documento describe el rapidísimo crecinúento experimentado por Prodiecu, que, tres años después de su creación y a pesar de que su actividad ha sido declarada ¡legal en reiteradas ocasiones por la Administración, dispone de "una media de 9.222 trabajadores afiliados a la Seguridad. Social".

Los beneficios netos por la venta del cupón podrían superar en total los 20.000 millones de pesetas, de los que sólo entre un 5% y un 10% se habría destinado a la ayuda y promoción de los disminuidos físicos.