Presidencia defiende la máxima firmeza en la negociación de las bases
La posición inalterable mostrada por el Gobierno español en las negociaciones con Estados Unidos para la reducción de la presencia militar norteamericana en España está impulsada por los asesores de Felipe González en materias de defensa y asuntos exteriores, mientras que el Ministerio de Defensa, en especial los mandos del Ejército del Aire, cree posible una mayor flexibilidad, según fuentes gubernamentales próximas a las delegaciones que participan en las negociaciones.
Los asesores del presidente del Gobierno, dirigidos por Juan Antonio Yáñez, estiman que los condicionantes políticos derivados de los compromisos del Ejecutivo tras el referéndum sobre la OTAN hacen imposible ceder en el punto clave de la negociación: la salida de España de los 72 cazabombarderos F-16 estacionados en la base aérea de Torrejón.Mientras, Defensa, siempre según las fuentes informantes, valora particularmente el impacto económico que supondrá el que los estadounidenses dejen Torrejón. Los mandos del Ejército del Aire consideran que si las fuerzas norteamericanas abandonan dicha base habrá que cerrar el recinto, ya que los presupuestos del Ejército del Aire son insuficientes para mantener en activo el complejo.
Para las fuentes españolas, Washington considera actualmente que el proceso sobre las bases se asemeja más a "una imposición" del Gobierno español que a una negociación, ya que el Ejecutivo ha mantenido su posición inamovible desde el comienzo, sin ceder en ningún punto que permitiera avanzar en las conversaciones.
Estados Unidos mantiene su negativa a que los F-16 abandonen territorio español. La próxima ronda negociadora, prevista inicialmente para el pasado día 21, fue aplazada después de que ambas partes entendieran que las posiciones eran tan opuestas que no valía la pena acudir a una nueva reunión si antes no existía algún indicio de que podía haber un avance.
La fecha para la nueva ronda aún no está fijada. Sin embargo, los negociadores españoles estiman dificil impedir que el Ejecutivo se vea obligado a denunciar el tratado bilateral el próximo 14 de noviembre.
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