Otra ley contra la libertad

EL PROYECTO de ley de Ordenación de Telecomunicaciones (LOT), que se discute ahora en las Cortes, constituye todo un monumento al intervencionismo estatal en el campo de la radiodifusión y a los deseos censorios en el terreno de la libertad de expresión.Con la LOT, España pretende incorporarse a la carrera de las nuevas tecnologías de la comunicación, cuando la mayoría de los países europeos ya se ha marcado desde hace años sus políticas de utilización de las redes, tanto a través del aire o espectro radioeléctrico como por medio del hilo, mediante el cual se conseguirá la última conexión de la red digital de servicios integrados. Pero ni siquiera el "sí con muchas reservas" concedido por la industria electrónica ante lo que parece ser un proyecto de liberalización de terminales salva el carácter dirigista e intervencionista que rezuma la LOT, en la misma línea de otros proyectos del Gobierno, como el de televisiones privadas.

Uno de los sectores más explícitamente ordenados por el proyecto es el de la gestión y explotación de la radiodifusión. En España -a diferencia de muchos otros países europeos- coexisten desde hace más de medio siglo potentes redes de radiodifusión privadas con otras públicas. Esa tradición de una radiodifusión privada sólidamente asentada constituye una ventaja comparativa a la hora de garantizar la eficiencia del servicio y el ejercicio del derecho a la libertad de informar que la Constitución reconoce. Pero cuando por primera vez se quiere incorporar a una ley general de telecomunicaciones la utilización de las ondas, se dirigen los pasos en dirección opuesta a la que existía hasta ahora, y opuesta también a la que han emprendido legislaciones similares de otros países.

En el capítulo de despropósitos, la LOT incorpora el principio de reserva pública (o concesión) general de las telecomunicaciones y se atribuyen amplísimas facultades reglamentarias al Ejecutivo, aunque no concretadas en la ley. Todo eso conduce a la insuficiencia de garantías y a la falta de seguridad jurídica de quienes tengan una concesión o quieran solicitarla. El proyecto establece el pago de un canon "destinado a la protección, ordenación, gestión y control del espectro radioeléctrico". El sector privado de la radiodifusión financiará así la labor de policía de las ondas, con lo que se dará la paradoja de que sean las emisoras legales y respetuosas con la normativa vigente quienes paguen el coste de la vigilancia y represión de emisoras ¡legales o que se exceden en la utilización de frecuencias y potencias. Este canon producirá discriminaciones afladidas. La radiodifusión privada es el único medio de comunicación de masas que no recibe ayuda o subvención alguna con cargo a los Presupuestos del Estado y, sin embargo, va a tener que sufragar unos servicios públicos.

El proyecto faculta al Gobierno para establecer la integración de los centros emisores "en la red pública que se considere más convenientC. La radiodifusión privada ha denunciado este punto como uno de los aspectos más inaceptables de la ley, equivalente a pretender que todos los diarios de una determinada ciudad deban imprimir su producto en unos determinados talleres. Además del cuadro de sanciones, que resulta muy gravoso, y la exclusión de los extranjeros como posibles titulares o participantes en empresas concesionarias -cautela que no se considera en el caso de las televisiones privadas-, la LOT limita las concesiones en la misma banda y la concesión de las FM a cinco años. La puntilla del intervencionismo la pone el proyecto al introducir la autorización para el funcionamiento en cadena de las emisoras y al establecer la obligación de las radios de difundir gratuitamente mensajes de las autoridades. Disposiciones como ésta nos conducen, por el túnel del tiempo, a la época de los partes y las notas de obligada inserción.

Lejos de ordenar simplemente los requisitos técnicos para que la utilización de las ondas no se convierta en un infierno de señales, el Gobierno ha querido con la LOT manifestar su ánimo represivo y cautelar sobre la libertad de expresión. Una agresión más, y nuevamente gratuita, contra los medios de comunicación.