El juicio al 'comando Madrid' se inicia el día 30
El próximo miércoles, día 30, se celebrará en la Audiencia Nacional el primer juicio contra ocho presuntos miembros del comando Madrid de ETA Militar, detenidos el pasado mes de enero, y para quienes el fiscal pide penas que totalizan 246 años de cárcel.Se trata de José Ignacio de Juana Chaos, Antonio Troitiño Arranz, María Pilar Aramburu Quiñones, María Teresa Rojo Paniego, Cristina Arrizabalaga Vázquez, María Inmaculada Noble Goicoechea, Esteban Esteban Nieto y María Blanca Calzacorta Aramburu, todos ellos detenidos en Madrid el pasado 16 de enero, acusados de formar parte del comando Madrid.
Según las conclusiones del fiscal, la organización terrorista ETA Militar decidió en 1984 instalar un comando en Madrid, para lo cual envió a la capital de España a De Juana, Troitiño y Nieto. Los tres contactaron con los otros detenidos y, junto a personas no identificadas, se dedicaron a crear la infraestructura de este comando.
El fiscal señala en sus conclusiones provisionales que los procesados recibieron importantes cantidades de dinero procedente de la dirección de ETA en Francia, con el fin de comprar o alquilar en Madrid pisos, coches y todo lo necesario para la infraestructura del comando.
En Madrid compraron o alquilaron ocho pisos, un chalé en Moralzarzal (Madrid) y dos garajes, así como numerosos coches. El día antes de la detención del comando, María Teresa Rojo y Cristina Arrizabalaga habían entregado 400.000 pesetas de adelanto para comprar un nuevo piso.
Información del comando
En la operación policial, que concluyó el 16 de enero de este año, fueron localizadas numerosas armas, municiones, información sobre vehículos de la Guardia Civil, militares, médicos o empresas con capital francés, explosivos, numerosos documentos de identidad falsificados, matrículas de coche falsas y otros efectos, que el fiscal detalla en sus conclusiones.El fiscal acusa a todos los procesados de diversos delitos terroristas, excepto a María Blanca Calzacorta Aramburu, a quien sólo imputa colaboración con banda armada.
Para los otros siete, el fiscal pide penas que totalizan 34 años de cárcel para cada uno por los siguientes delitos: nueve años y 500.000 pesetas por militancia en grupo armado, nueve años por depósito de armas de guerra, nueve años por tenencia de explosivos, tres años por uso de documento de identidad falso, tres años y 600.000 pesetas por falsificación de placas de matrícula y cuatro penas de tres meses y 100.000 pesetas de multa para cada uno por sendos delitos de utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno.
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