Abusos incontrolados

LA HUELGA de los controladores del aeropuerto de Barcelona, anunciada para mañana y para el 5 de septiembre, puede tener graves consecuencias para el turismo por coincidir con el fin de las vacaciones de un importante número de personas. Los empresarios del sector, tanto de Baleares como de la Costa Brava, han manifestado ya su inquietud.El paro del día 22 puso ya de manifiesto los desproporcionados efectos de esta huelga, aparentemente descontrolada. La Prensa británica no ha regateado epítetos a la hora de hacerse eco de la indignación de los miles de personas retenidas en los principales aeropuertos de las islas. El director comercial del aeropuerto londinense de Gatwick acusó a los controladores españoles de estar "poniendo un cuchillo en las gargantas de los veraneantes británicos", y arengó a los frustrados viajeros pidiéndoles que boicoteasen los viajes a España.

El conflicto tiene su origen en las reivindicaciones desatendidas de los controladores de El Prat, que regulan el espacio aéreo de los aeropuertos de Barcelona, Palma de Mallorca, Reus, Gerona, Valencia y Alicante. Piden a la Administración el abono de un complemento salarial pactado en la época en que el control aéreo dependía del Ministerio del Aire y que Transportes decidió suprimir en 1979. Dicha paga, cuya percepción exigen con efectos retroactivos, oscila entre las 10.000 y las 20.000 pesetas mensuales. Apoyan su petición en varias sentencias de Magistratura que concedieron estos complementos salariales a los controladores de Palma de Mallorca y Zaragoza.

Sorprende, sin embargo, el camino elegido por los empleados de El Prat, al ir en solitario a un conflicto que afecta a todos los controladores españoles. Especialmente si se tiene en cuenta que el sindicato mayoritario en el sector, la Asociación Confederal Española de Controladores Aéreos, acordó a finales de julio aplazar la discusión hasta mediados de septiembre. Si otros aeropuertos se sumaran al conflicto de forma escalonada se pondría en evidencia que no se trata de discrepancias entre distintos colectivos, sino de una determinada estrategia sindical.

La incapacidad de la Administración para adelantarse a los acontecimientos -lo que ha forzado a los empresarios relacionados con el turismo balear a intentar una negociación directa con los huelguistas es, sin duda, criticable. Pero esta huelga pone de relieve, ante todo, la irresponsabilidad y tendencia al abuso por parte de unos profesionales cuya estrategia, más próxima al chantaje que al reivindicacionismo, consiste en derivar contra el público, de manera indiscriminada, los efectos de su actitud. Cualesquiera que sean las razones esgrimidas, resulta intolerable que unas decenas de personas se atribuyan el poder de decidir dónde y cuándo pueden tomar sus vacaciones centenares de miles de ciudadanos.

Los sindicatos con presencia en el sector harían bien en tomar ejemplo de sus colegas de países como Italia, en los que son los propios trabajadores quienes aplican criterios de autorregulación, de forma que sus conflictos laborales tengan la menor incidencia posible para los ciudadanos. El sadismo con que gasolineros, ferroviarios, controladores o pilotos, entre otros, actúan contra personas que sólo aspiran a disfrutar de sus vacaciones constituye el principal argumento de quienes defienden la necesidad de una regulación restrictiva del derecho de huelga. Tal vez sea hora de que las direcciones de las centrales mayoritarias se atrevan a criticar estas actitudes ventajistas de determinados sindicatos sectoriales altamente corporativizados, antes de que la indignación de tantas víctimas de esos abusos se convierta en un clamor en contra, no ya de determinadas huelgas, sino del ejercicio de ese derecho constitucional.