La Audiencia de Madrid procesa a dos policías por un delito de torturas

La Audiencia Provincial de Madrid ha procesado a dos inspectores de policía por los delitos de tortura, lesiones menos graves y privación del ejercicio de los derechos cívicos supuestamente infligidos a Manuel Rafael Gómez, vecino de Parla, que sufrió interrogatorio policial en abril de 1985 en la comisaría de esa localidad madrileña. Según el auto judicial, fechado el pasado 9 de julio, los inspectores José García González y Manuel García-Mancha "sometieron reiteradamente" a Rafael Gómez a "presiones físicas y psíquicas".

El caso Parla se inició el 26 de abril de 1985, cuando se montó en esta localidad un servicio de vigilancia policial con el objetivo de detener a un sospechoso de la muerte violenta, ocurrida la noche anterior, de un policía nacional, denominado Miguel Breganciano, quien falleció a causa de los disparos de un delincuente que atracó un supermercado. A las seis de la mañana de ese día, Manuel Rafael Gómez abandonó el domicilio de sus padres y fue observado por el inspector, ahora procesado, José García González, "a la sazón jefe de servicio de la comisaría"., según el auto. Comunicada su situación por la emisora policial, Rafael Gómez, conocido en medios policiales como Wily, fue detenido por dos cabos de la policía, Juan Julián Escribano y Juan Francisco Gaudiano, y trasladado a la comisaría de Parla."Una vez en las dependencias policiales es interrogado", añade el auto judicial, que precisa que no se le leyeron sus derechos ni se comunicó a su familia ni al colegio de abogados la detención. El auto agrega que los inspectores José García González y Manuel GarcíaMancha Arévalo interrogaron a Rafael Gómez sobre su supuesta intervención en la muerte del policía Breganciano y que informara sobre un tal Orihuela Benjumea, el verdadero sospechoso de la muerte del anterior. Ambos inspectores "le sometieron reiteradamente a presiones físicas y psíquicas, tras lo cual, y dos horas después, fue puesto en libertad", dice el auto.

Nueva detención

A mediodía de aquel mismo día, una vez que los citados inspectores abandonaron el turno de servicio, otro policía, denominado Pedro Luis Martín Reviriego, "ordenó la detención, ignorando la anterior, de Manuel Rafael Gómez como posible sospechoso" de la muerte del policía Breganciano. A las cinco de la tarde, el inspector Gábino Rodríguez Losada, quien paseaba por Parla franco de servicio, observó a Wily y "procedió a su detención, a la que éste se resistió, viéndose obligado aquél a reducirle", auxiliado por otros dos agentes.

Rafael Gómez fue de nuevo conducido a comisaría, donde se sometió voluntariamente a la prueba de la parafina -para detectar si hay rastro en la mano de haber utilizado armas de fuego-, tras la que fue puesto en libertad a las dos de la tarde del día 27, "sin que en el oportuno reconocimiento médico se observaran lesiones, sino pequeñas erosiones en el rostro fruto de la incidentada detención", agrega el auto.

El 30 de abril, Wily, quien desde años antes padecía la enfermedad de Kala-Azar (inflamación del bazo) fue ingresado en la residencia sanitaria Primero de Octubre "al presentar desgarro esplénico cara anterior, tercio medio, de unos cuatro centímetros", añade el auto, por lo que se le practicó "cirugía conservadora del bazo" y estuvo irripedido 20 o 30 días [el auto no precisa].

Indicios de criminalidad

La resolución judicial señala que, "existiendo indicios racionales de criminalidad", procede procesar a los inspectores José García y Manuel García-Mancha por los supuestos delitos de torturas, lesiones menos graves -aquellas que tardan en curar más de 15 y menos de 30 días y el de privación de -los derechos cívicos. La resolución judicial decreta la libertad sin fianza de los procesados e impone una responsabilidad civil de 600.000 pesetas para ambos agent es, siendo subsidiario el Estado.

La defensa de Rafael Gómez, representada por los letrados Jaime Sanz de Bremond y Carlos Aguirre de Cárcer, manifestó ayer, tras conocer la resolución Judicial, que "nos satisface comprobar que los tribunales no se dejan amedrentar por las últimas declaraciones del ministro del Interior y que, por tanto, proceden contra los funcionarios de policía cuando éstos cometen algún delito, al igual que proceden contra cualquier otro ciudadano".

Ambos abogados añadieron que "estimamos importante que, aunque José Barrionuevo opine que ello no es progresista, la opinión pública sepa que, desgraciadamente, se siguen dando en este país, bajo la gestión del Gobierno socialista, casos de tortura". Los letrados anunciaron ayer que estudian recurrir el auto judicial para pedir el procesamiento de algún otro funcionario policial.