Huelga seguida

Ante las informaciones aparecidas en su periódico, que citan fuentes ministeriales, según las cuales los funcionarios judiciales de Burgos no habríamos secundado la huelga convocada para los días 24 y 25 del presente mes, los abajo firmantes, funcionarios judiciales todos, desmentimos rotundamente tal aseveración tendenciosa y repudiamos al mismo tiempo los métodos utilizados, tanto por el Gobierno como por el diario EL PAÍS, para desacreditar, antes y ahora, a un colectivo de funcionarios sacrificado, desalentado y hastiado. Reprobamos, asimismo, el contenido del decreto ley de 19 de junio, por el que se establecen los servicios mínimos a mantener en las oficinas judiciales para la huelga convocada, por entender que, de nuevo, se nos ha asestado otrapuñalada trapera, puñalada -a todas luces- manifiestamente inconstitucional; debe quedar claro, de una vez por todas, que nuestras reivindicaciones se encaminan en dos sentidos -y no en uno sólo como así se dice por el ministerio-, profesionales y retributivas, encaminadas las primeras a mejorar los servicios y la calidad de una inmerecida justicia y las segundas tendentes a retribuir las distintas funciones por quienes las prestan: guardias, penosidad, dedicación exclusiva, peligrosidad, etcétera, porque todas las reformas serias que se pretendan introducir para mejorar la caótica situación de la justicia que todos padecemos deben pasar, inexcusablemente, por dos presupuestos básicos: una voluntad política inequívoca -en absoluto acreditada por el Gobierno- y ser lo suficientemente competentes para abordarlas.Pretender que de los males que aquejan a la administración de justicia en España deba hacerse responsables a los funcionarlos judiciales en base a supuestas corrupciones generales, además de no ser cierto enabsoluto, es cuando menos de una notable perversidad, cuando no de manifiesta maldad.-