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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Población sumergida

Es erróneo titular, como lo hace EL PAÍS del 5 de junio, que "10.000 extranjeros consiguieron la nacionalidad española por aplicación de la ley de extranjería". Esta desdichada ley se refiere tan sólo a la entrada, residencia, trabajo y expulsión de los extranjeros, pero de ninguna manera a la adquisición de la nacionalidad española, regulada por el Código Civil.Al afirmar que "la ley de Extranjería fue creada para equiparar la legislación española a las de los países europeos", se oculta, por omisión, que la mencionada ley ha sido criticada internacionalmente y recurrida por anticonstitucional por el Defensor del Pueblo.

Difícilmente puede ocultar el Gobierno el fracaso de la llamada operación de regularización de los extranjeros en España. De un total estimado de 400.000 personas insuficientemente documentadas, solamente presentaron la solicitud de regulación unas 43.000, de las que sólo una parte conseguirá el permiso de residencia o de trabajo.

Por contraste, el Gobierno de Mitterrand regularizó a más de 130.000 extranjeros en Francia merced a una espléndida campafía informativa.

En España, el Ministerio del Interior organizó deliberadamente una campaña, confusa, parca en recursos (recuérdense las denigrantes colas en las comísarías) y con requisitos difíciles de cumplir para la mayoría de los inmigrantes. La información ha sido insuficiente, tardía y confiada alos servicios de policía temidos por los clandestinos en vez de a los ayuntamientos, más próximos al ciudadano.

Lo que más falta es, al más alto nivel, la voluntad política de legalizar realmente a todos los que trabajan y viven en España.

Sólo así se pondría un punto final a la situación de explotación añadida y de miedo en la que malviven decenas de miles de trabajadores clandestinos en España. Después de todo, quienes toleran la economía sumergida no tienen el más mínimo complejo moral en consentir la injusticia que supone la existencia de una población sumergida, privada de todo derecho laboral, social, cultural y político.-

Comisión de Emigración, del PCE. Madrid.

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