La elección triangular

DIEZ AÑOS después del comienzo de la transición, los ciudadanos que acudan mañana a las urnas han perdido, como es natural, el sentimiento de participar en un acontecimiento de trascendencia histórica. La gente prefiere que su alcalde o el presidente de su comunidad sean tal o cual candidato, pero ya sólo los propios aspirantes a ocupar el cargo otorgan a ese hecho una dimensión trascendente. Quizá se deba a eso el desajuste percibido durante la campaña electoral que ahora finaliza entre los mensajes transmitidos por buena parte de los líderes y las preocupaciones reales de los electores.Con escasas excepciones, la campaña se ha caracterizado por combinar un desbocado ideologismo con una patética ausencia de ideas. La escasez de propuestas concretas en relación a la gestión municipal ha tendido a ser sustituida por músicas celestiales sobre el futuro de la nación y el excelente porvenir de las propias siglas, absteniéndose unos y otros de "descender" -como llegó a proclamar algún político poco sagaz- a minucias como el abastecimiento de agua o la falta de aparcamientos.

En ausencia de proyectos, se ha recurrido a las descalificaciones personales, con espectáculos tan lamentables como el propiciado por la incontinencia verbal de Tamames o los pronósticos por parte del PSOE respecto a un supuesto pacto secreto del CDS y AP. Por otro lado, buena parte de la oposición, especialmente AP y Convergéncia i Unió, no han sido capaz de resistir la tentación de convertir las elecciones locales en unas elecciones primarias de las legislativas.

El PSOE -partido al que pertenecen dos tercios de los 8.000 alcaldes españoles-, escaldado por anteriores experiencias en materia de promesas incumplidas, se ha pasado de cauto, poniendo el acento en las realizaciones pasadas y renunciando a ofrecer algo distinto a la mera continuidad. Llama así la atención la ausencia de proyectos para hacer frente a los problemas más acuciantes de las grandes ciudades -desde la inseguridad ciudadana hasta los servicios públicos en general-, así como el hecho de que acontecimientos como los Juegos Olímpicos de Barcelona o la Exposición Universal de Sevilla no hayan merecido en las ciudades respectivas debates serios sobre los criterios que deben guiar la organización de esas efemérides.

Es evidente que los socialistas tratan de rentabilizar su gestión municipal, y es preciso reconocer que, por regla general, ésta ha sido valiosa -bastante más valiosa que su gestión de gobierno-, tanto cuando ha dirigido los ayuntamientos en solitario como cuando lo ha hecho en alianza con el partido comunista.

Claro que era tan poco lo que durante decenios se había hecho desde los ayuntamientos en materia de equipamientos sociales, iniciativas culturales, protección del entorno, planificación urbanística, que bastaba aplicar un poco de sentido común para obtener resultados apreciables. Efectivamente, la renovación democrática trajo a los ayuntamientos un aire nuevo y fructífero, del que han participado también algunas corporaciones gobernadas por la derecha. Los socialistas, por su parte, simbolizaron a tiempo -y con acierto- esos aires de renovación en la política local.

Si, pese a ello, parece probable una pérdida de sus posiciones, tal como vaticinan los sondeos, se debe a la proyección sobre"las elecciones de los errores cometidos por el partido de Felipe González en la conducción de la política nacional. Los excesos de ingenua prepotencia han irritado a amplios sectores de las clases medias urbanas, que se sienten defraudados por el abandono de la promesa del cambio y abrumados por las tendencias institucionales del PSOE, convertido cada vez más en un aparato de poder y cada vez menos en un sistema de representación de los intereses de sus electores, sensible a sus inquietudes y problemas.

El PSOE ha gobernado también en 11 de las 13 comunidades autónomas en que se celebran elecciones. Aquí, el balance es bastante más negativo que en los municipios, aunque los socialistas cuentan con el argumento de que allí donde ha gobernado la derecha la cosa ha ido aún peor, especialmente en Galicia.

La ausencia de un diseño autonómico definido ha influido en ese negativo balance. Los socialistas, que han logrado culminar la institucionalización de la España autonómica, no han aprovechado el proceso para modernizar la maquinaria administrativa. Antes al contrario, en la mayoría de los casos, las comunidades autónomas han multiplicado los vicios de la burocracia estatal, contribuyendo decisivamente a disparar el déficit público. De hecho, el faraonismo parroquial de que ha dado muestra la mayoría de los Gobiernos regionales, empeñados en una política de prestigio y emulación, ha resultado tan absurdo como exasperante para el contribuyente.

Una de las incógnitas de las elecciones del día 10 consiste en comprobar hasta qué punto los cuatro años transcurridos desde los primeros comicios autonómicos han servido para instalar o afianzar la conciencia de pertenencia a una comunidad en aquellas regiones en que tal conciencia no existía de ninguna manera antes de este cuatrienio.

Finalmente, respecto a las elecciones europeas, es de lamentar que los partidos hayan perdido la ocasión de aprovechar la campaña que tenían en las manos para aumentar la información y conciencia política de los electores en relación a los problemas de la construcción de la Comunidad.

En cuanto a las elecciones para el Parlamento Europeo, los mensajes han oscilado entre un doctrinarismo profesoral y abstracto y la denuncia provinciana. En lugar de combatir los prejuicios nacionales en aras de fundamentar mejor el proyecto de Europa, los candidatos se han dedicado a estimular esos reflejos espontáneos de la colectividad mediante apelaciones demagógicas a los intereses de un determinado gremio, una región dada o un sector productivo específico.

Seguramente la coincidencia en la misma jornada de tres elecciones diferentes ha contribuido no poco a esta confusión, deliberadamente mantenida por los partidos.

A las elecciones de mañana se llega tras cinco meses de aguda conflictividad social y en una situación definida por la hegemonía política de un partido que llegó al poder hace cinco años por retirada del contrario -una UCD minada desde dentro-, y que supo afianzar sus posiciones aprovechando la falta de credibilidad del centroderecha.

Se encuentra dentro de la lógica política que esa conflíctividad social, más el desgaste en el ejercicio del poder -agudizado por la sensación de que lo dominan todo-, pasen la factura al PSOE. Sí es así, se produciría un cambio en el panorama político que forzaría probablemente a los socialistas a procurar revitalizar su proyecto regeneracionista, con claros síntomas de agotamiento en la actualidad. Por el contrario, creer, como el ministro Solchaga, que los eventuales deterioros en el número de votos se conjuran con la elección de chivos expiatorios en la Prensa o en cualquier otro sector no controlado por el PSOE puede servir para perpetuar en sus puestos a unas decenas de miles de personas, pero no para hacer de esa presencia un motor de modernización social.